El juez respalda a la fiscal y pide a Francis Puig que aporte más documentación

En esta causa, cuyas diligencias dirige la Guardia Civil, se analizan irregularidades en la concesión de ayudas en varios ámbitos y programas. En concreto, para el fomento del valenciano destinado a medios de comunicación social; el programa de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas (Avalem Joves); subvenciones estructurales para la edición de medios informativos digitales de titularidad privada en catalán o en aranés y ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local.

El pasado 1 de junio el magistrado instructor pidió a la entidad Canal Maestrat S.L, ante la voluntad manifestada por esta empresa, que presentara en el plazo de diez días las facturas físicas relacionadas para la obtención de las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana y de la Cataluña, entre 2015 y 2018.

Más recientemente, en una providencia del día 22 de ese mes, y ante el informe del fiscal, amplió el requerimiento anterior a las entidades Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions S.L. para que aporten las facturas.

En el informe, la fiscal señala que pidió que se aportaran al proceso notas registrales de dos sociedades de los Adell Bover, una proveedora de servicios a las empresas de Francis Puig y que declaró ventas a Comunicacions dels Ports en 2017 y 2018, a Canal Maestrat en 2017 y a Kriol en 2016 y 2017.

En la medida en que se trata de esclarecer si las empresas investigadas incurrieron en los gastos subvencionados o si fueron simulados para obtener las ayudas, Fiscalía entendía necesario examinar qué servicios recibieron o contrataron con terceros para poder acreditar la realidad de la actividad. En este caso, el ministerio público seleccionó a una de las empresas al ser proveedor recurrente en la mayoría de las mercantiles.

Para ello, según la Fiscalía, no es necesario tener la condición de investigado en el procedimiento si no que basta con constatar la existencia de relaciones comerciales con las investigadas, a título de proveedor, de las que no se tiene ninguna sospecha de ilicitud, y determinar si las entregas de bienes permitieron a las empresas bajo sospecha ejecutar la actividad por la que recibieron subvenciones.

Además, en el informe, el ministerio público se opone a la petición de la defensa de Francis Puig para que la Guardia Civil no investigue un posible delito de blanqueo de capitales y señala que no se puede dirigir a sus efectivos ningún tipo de mandato o advertencia para limitar la investigación a una figura determinada porque el objeto del proceso no es estático.

Sí que considera la representante de la Fiscalía que una de las diligencias acordadas por el instructor en uno de los autos sobre consulta de movimientos bancarios de las cuentas de las empresas investigadas no se ejecutó en los términos acordados en esa resolución, porque se hizo la consulta a los ficheros del Sepblac --que no estaba autorizada-- y no en la AEAT, que era lo que en realidad se había solicitado.

Fiscalía señala desconocer el motivo de esa consulta, que no constan los mandamientos judiciales y si pudo haber algún error en su confección que autorizara a la Guardia Civil a esa comprobación, por lo que pide comprobarlo y esperar a la consulta a la AEAT.

Una vez obtenidos los datos, pide al Juzgado que libre mandamiento a los bancos en las que tengan cuenta abierta y operativa las sociedades Comunicacions, Mas Mut, Kriol, Canal Maestrat y Nova CB para determinar las relaciones mercantiles entre ellas.

Anticorrupción responde a las peticiones de uno de los socios de Francis Puig en el conocido como cartel de las productoras que pretende anular parte de la causa por fallos judiciales. Por ejemplo, alegan que se llevaron a cabo unas diligencias sin que se notificara el auto que las acordaba. Recuerda el ministerio público, no obstante, que no todo supone una indefensión y que esta debe ser clara y evidente. En ese supuesto se suspendió el mndamiento hasta que se notificó el auto. Conviene diferenciar, mantiene la fiscal, entre infracciones procesales subsanadas y verdaderas indefensiones.

Francis Puig y los hermanos Adell Bover, investigados judicialmente en esta causa, han sido sancionados por Competencia de la Generalitat con más de 40.000 euros por manipular los precios de un concurso de À Punt para ganar tres lotes.