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La Guardia Civil no lo tiene fácil para investigar al cártel de las productoras que lidera Francis Puig junto a sus socios, los hermanos Adell Bover. El Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de ... Valencia trata desde hace meses de desenredar un lío de facturas, cruce de pagos y demás movimientos que permitan conocer si el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus colaboradores han justificado de manera correcta las decenas de miles de euros en subvenciones que han recibido en los últimos años desde la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón.
Los investigadores no tienen acceso a las facturas físicas y reconocen que así es complicado poder realizar un trabajo que determine la actuación de las productoras investigadas. Por eso, han pedido al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que libre unos mandamientos judiciales para acceder al libro diario -donde quedan reflejadas todas las operaciones económicas de la sociedad- actualizado de las empresas de Francis Puig -Comunicacions dels Ports y Mas Mut- y a las firma de sus socios, los Adell Bover -Kriol, Canal Maestrat y TV CS Retransmisions-. La Guardia Civil quiere rastrear y comparar la gestión de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.
Para poder desarrollar esa labor, necesita los libros diarios de las mercantiles afectadas. Una documentación que no está al día en todas ellas, especialmente en las productoras del hermano de Ximo Puig, que no ha actualizado la información desde el ejercicio de 2009.
«En los expedientes aportados por el juzgado referentes a las subvenciones recibidas por las mercantiles no constaban las facturas físicas, originales o copias, justificabas de los gastos. Únicamente se encontraban unas tablas con los gastos directamente imputables a las tareas de producción y distribución de los programas», lamentan los investigadores.
La Guardia Civil, «con el objeto de corroborar la veracidad de las cuentas justificativas aportadas por las mercantiles investigadas para la obtención de las subvenciones», piden que las empresas aporten las facturas físicas y no una relación de pagos sin más.
Ante la gran cantidad de trabas, la Unidad de Delitos Económicos quiere ver los libros diarios de las productoras, que según el artículo 27 del Código de Comercio, se tienen que presentar de manera obligatoria en el Registro Mercantil. El juzgado que lleva el caso emitió sendos mandamientos para que las oficinas de Castellón y de Teruel remitieran la documentación. La petición al registro turolense es porque Mas Mut, una de las empresas de Francis Puig, tiene su sede social en la capital aragonesa.
De los empresarios investigados, los hermanos Adell Bover son los que tiene la documentación más en orden pero sin estar del todo completa.
De las productoras Canal Maestrat y TV CS Retransmisions sí que tienen legalizados los libros diario de los ejercicios que van desde 2015 hasta 2018. En cambio, de la empresa Kriol, tan sólo tienen legalizado el libro diario de 2016. Esta mercantil es clave en la investigación por la estrecha relación que tienen con las firmas de Francis Puig.
En cambio, el hermano del presidente de la Generalitat no tiene legalizada la información del libro diario desde 2009, por lo que está incumpliendo el Código de Comercio. El Registro Mercantil de Teruel notificó que la última actualización de esas cuenta se produjo hace doce años, el mismo tiempo que apuntó el Registro Mercantil de Castellón sobre la productora Comunicacions dels Ports, la matriz del grupo de comunicación que lidera Francis Puig.
La Guardia Civil advierte de que el papel de los libros contables es fundamental para estos casos porque sirven como una especie de precinto para que nadie pueda manipular la información contable posteriormente.
Ante la falta de información, el equipo de investigación ha pedido al juzgado que solicite vía mandamiento a las productoras la entrega de los libros diario de los ejercicios investigados. Para la Guardia Civil es un elemento fundamental para esclarecer la gestión de un cártel que ya ha sido sancionado por Competencia al pactar precios para ganar un concurso de À Punt.
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