Antifraude prescinde de la abogada externa a quien pagaba más de 10.000 euros al año

Su relación laboral se ha ido prolongando cada ejercicio. Beut no renovará el servicio el próximo mes de noviembre. Ni buscará otra fórmula similar para contar con un abogado externo. La cantidad no es excesiva. Se trata de cifras modestas. En parte de 2020 y 2021, el contrato rondó los 11.000 euros y en el último ejercicio , la cifra se disparó a los 13.000 euros, según la documentación que consta en la propia plataforma. En total, cerca de 30.000 euros por la dedicación en el periodo 2020-2024.

Se da la circunstancia, además, de que Antifraude cuenta con cuatro abogados en su plantilla. Sin embargo, Llinares consideró en su momento que era necesario el apoyo externo para la representación en juicios porque el personal propio no contaba con suficiente experiencia. Algunos profesionales de Antifraude nunca entendieron esta contratación y dudaban incluso de su utilidad.

No es el único recorte que pretende aplicar Beut en los próximos meses. El director describió un panorama de auténtico descontrol, ineficiencia y tratos de favor para justificar los despidos de Gustavo Segura, el director de análisis y el que fuera aspirante a dirigir la Agencia, y de la mano derecha de Llinares, la responsable de Servicios Jurídicos, Teresa Clemente. Se ignora si los dos responsables decidirán impugnar los ceses o, por el contrario, aceptarán el relato de los acontecimientos del nuevo responsables.

En su momento, también otros funcionarios se fueron descontentos con los motivos alegados por Joan Llinares. De momento, todos los protagonistas de esta historia optan por no hacer declaraciones y mantener un perfil bajo a la espera de novedades. Beut, en cambio, sí prevé una comparecencia pública para dentro de unas semanas con la intención de trasladar su proyecto para el organismo y quizá explicar las destituciones de Segura y Clemente.

Beut, aparte de faltas de respeto y deslealtad de los dos subordinados, criticó los tratos de favor, actuaciones al margen del procedimiento, intervención en determinadas denuncias, un excesivo «secretismo» en determinados expedientes y la «colaboración» con la Fiscalía Anticorrupción –numerosos informes periciales para las causas de corrupción– que impedían concentrarse en el trabajo ordinario del organismo.

La Agencia también baraja un cambio de sede. Por la actual pagan algo más de 10.000 euros mensuales. En su momento no se facilitaron dependencias o las que se ofrecieron desde la Administración no cumplían los requisitos. Ahora se volverá a sondear esta posibilidad.