Antifraude presenta un estudio en el que la Agencia es la mejor empresa de todas las analizadas

El estudio abarca el análisis de unos 66 responsables de cerca de una treintena de sociedades públicas en la Comunitat. La conclusión es que la mitad de este personal no supera los méritos de capacidad. Es decir, «están por amiguismo, favores políticos u otras consideraciones», ha explicado Safira Cantos, directora de la fundación.

Llama la atención que el dosier de Hay Derecho destaca que la Agencia Antifraude, sede donde se ha celebrado la rueda de prensa, como una de las entidades con mejores puntuaciones de todo el estudio tanto en transparencia como en mérito y capacidad de su responsable, Joan Llinares. «Nos hemos sentido abrumados», ha comentado el director de Antifraude. Los resultados dan la mejor puntuación a la Agencia de todas las rastreadas en España, ha añadido una portavoz de la entidad.

El trabajo se ha desarrollado en dos comunidades, la madrileña y la valenciana. El objetivo era seleccionar dos gobiernos de signo político diferente, el PP y el PSPV, para no establecer vinculaciones por adscripciones políticas. «Para que las instituciones funcionen deben tener el mejor liderazgo posible», ha añadido Rafael Rivera, el autor de la metodología que se ha utilizado para evaluar a los respectivos líderes.

En este sentido, se ha valorado la imparcialidad, la experiencia profesional, la formación y la permanencia en el puesto. «La rotación es altísima», ha precisado el especialista. Del análisis de los factores anteriores se obtiene un valor numérico. Y de ahí la calificación final.

Otro de los conceptos analizados ha sido la Transparencia. Del análisis global, sólo seis empresas, todas valencianas, superan el umbral establecido. «Numerosos cargos ocultan parte de su currículum, la parte política que no interesa». Sólo el diez por ciento de los directivos supera el ocho de valoración. «Estamos en manos de la mediocridad», ha concluido Rivera.

El profesional ha señalado que con los Gobiernos de coalición se ha detectado una ligera mejoría en los niveles de directivos porque se produce una negociación entre los socios. «Nosotros no queremos centrarnos en un caso concreto sino denunciar el sistema». Ha puesto el ejemplo de Ciegsa, la empresa dedicada a construir colegios públicos con gestores con perfiles muy flojos. También ha llamado la atención sobre la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo donde destaca la elevadísima rotación que imposibilita poner en marcha planes a medio o largo plazo.

La directora de la Fundación ha terminado su exposición con una serie de recomendaciones para mejorar el sistema que habitualmente expulsa el talento de las administraciones donde se echan de menos procesos de control para la contratación de personal. De nuevo en este punto ha querido destacar el papel de Llinares y la Agencia. «Hay personas muy cualificadas que no quieren ir al sector público porque no quieren entrar en ese juego», ha lamentado. También ha considerado relevante el hecho de conocer los informes de gestión y auditorias de las sociedades para exigir que rindan cuentas.

De igual modo, preguntados los responsables acerca de la sentencia del caso Alquería, desde la fundación Hay Derecho han querido destacar que se produce una «grieta» en la administración que permite esa entrada de personal no suficientemente cualificado.