Antifraude reprocha su rebeldía a la Generalitat, Grezzi, Gómez y municipios como Benidorm

Los procesos de selección de personal en las diferentes administraciones de la Comunitat son los que acaparan la mayor cantidad de denuncias e investigaciones de la Agencia Antifraude en 2022. Ya ocurrió el año pasado. Según el director de la agencia, Joan Llinares, las irregularidades en esas pruebas para ser funcionario son los peores casos de corrupción por otorgar un empleo para toda la vida de manera ilícita. Los asuntos analizados por la entidad son muchos, cientos, a lo largo de un año, y sus recomendaciones son mayoritariamente acatadas. Pero no siempre. Por primera vez, la Agencia destaca las administraciones que no sólo protagonizan actuaciones irregulares, sino que, además, incumplen las recomendaciones e, incluso, responden a Antifraude de manera inadecuada.

Pertinaces en el error y obtusos a la hora de reconocerlo. En este último caso estaría el Ayuntamiento de Benidorm especialmente y, también, el de Valencia, principalmente en el caso del Bus Turístic que depende del concejal Giuseppe Grezzi. Igualmente, Llinares ha desvelado que se está indagando sobre una tramitación del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, en manos de la socialista Sandra Gómez, vicealcaldesa del cap i casal, y que en esa investigación la Agencia está detectando una resistencia inapropiada por parte del área de Gómez.

El listado de las administraciones rebeldes, por actuar mal y no reconocerlo ni rectificar, se ha duplicado respecto a 2021. Los ayuntamientos de Benidorm, Torrevieja, Valencia, Alcoi, Gavarda, Tous, San Antonio de Benagéber, la Diputación de Alicante y la de Valencia, la empresa de gestión y servicios de Paterna, la Generalitat, el Patronato de Turismo Costa Blanca, el IVAM y la Fundación Valencia Activa son señaladas por la Agencia. Fueron entidades que no aceptaron las recomendaciones tras las investigaciones que señalaban sus malas prácticas. En el caso de Gavarda, afecta directamente a su alcalde, Vicente Mompó, a la sazón líder provincial del PP.

Algunos de esos caso son sangrantes, según ha querido destacar Llinares, que ha recalcado lo ocurrido en Benidorm, donde a los funcionarios de la Agencia, según su director, se les ha intentado «amedrentar» a través de denuncias que finalmente se han archivado («con esto es con lo que nos tenemos que enfrentar», ha resaltado el director de la Agencia). Por número de casos, también destaca el consistorio de Tous, la Diputación de Valencia (por investigaciones vinculadas a Divalterra), los tres expedientes a la Generalitat (relacionados con la contratación en Sanidad durante la pandemia, con las obras en un instituto público de la Vall d'Uixó y por el patrocinio del congreso de bienestar organizado por un medio de comunicación) y otros tres al Ayuntamiento de Valencia.

Respecto al Consistorio de la capital, Llinares los ha enmarcado en una actitud generalizada de «sostenella y no enmendalla», si bien ha indicado que, en relación al Ayuntamiento de Valencia «hay respuestas en algún caso muy correctas, pero en algún otro son respuestas impropias por la falta de educación, actitudes beligerantes u ofensivas y otras actitudes que pueden considerarse increíbles en cuanto al conocimiento de leyes... allá ellos manteniendo esto».

El Ayuntamiento de Gavarda reconoce que se cometió una «irregularidad administrativa» cuando el pleno del consistorio no aprobó una declaración de compatibilidad para que el alcalde Vicente Mompó, portavoz del PP en la Diputación de Valencia y líder provincial del partido, pudiera ejercer una actividad privada y al mismo tiempo mantuviera régimen de dedicación exclusiva en el consistorio. El consistorio rechaza anular los actos administrativos por los que se le abonaron las correspondientes nóminas, y de ahí que Antifraude lo haya incluido en su lista de rebeldes.

«Si lo vuelven a realizar estarían configurando conductas prevaricadoras y se podría actuar por vía penal», ha advertido Llinares respecto a los reincidentes que hacen oídos sordos a sus recomendaciones. Ha explicado que en el caso del autobus turístico de Valencia, Antifrau recomienda acometer una adjudicación que el área que gestiona Grezzi no aborda. «Valencia pierde cerca de medio millón de euros anuales, si extrapolamos los ingresos recibidos por otras capitales como Sevilla. Le exponemos la necesidad de realizar un concurso y la respuesta es que no nos metamos en su manera de gestionar. Es absurdo porque tenemos competencias para hacerlo», ha explicado Llinares respecto a la gestión de Grezzi del asunto del autobús turístico.

En relación a Urbanismo, Llinares ha lamentado las «respuestas fuera de lugar» de la concejalía que lidera la socialista Sandra Gómez, candidata del PSPV en las próximas elecciones. Sin embargo, este expediente no está cerrado. De este modo, Llinares ha avanzado que se está investigando la tramitación de una serie de actuaciones urbanísticas. A la hora de contactar con la concejalía, la respuesta recibida por la Agencia ha sido del todo inadecuada. Antifraude analiza si el Ayuntamiento ha realizado una calificación incorrecta en una serie de actuaciones que obligarían a una tramitación diferente a la realizada, más compleja que la vigente actualmente. Sin embargo, desde Urbanismo no se ha colaborado como Llinares considera que sería necesario.

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) recibió 453 denuncias en el año 2022, 94 más que en 2021. De ellas, la mayoría fueron denuncias anónimas (un 58%) y fueron dirigidas principalmente a las administraciones locales, en concreto, a procesos de selección, «una de las peores corrupciones». Así lo ha explicado el director de la agencia, Joan Llinares, que ha presentado este martes la memoria anual ante Les Corts, y ha explicado que la Agencia ha instado a recuperar más de 5,6 millones de euros.

Entre los datos que ha ofrecido el director, destaca que el 79% de las personas protegidas por la Agencia lo son con respecto a las entidades de la administración local. El 65% de ellas son hombres y el 35%, mujeres. Por tipología de la denuncia, el 44% de las denuncias de 2022 (201) hacen referencia a la gestión de recursos humanos, en concreto, a procesos de selección. «Regalar un sueldo para toda la vida a una persona que no reúne las condiciones que la Constitución recoge de mérito y capacidad, es una de las peores corrupciones que puede haber», ha remarcado Llinares: «Es un incumplimiento de la Constitución este tipo de práctica corrupta que no tiene responsabilidad penal».