El archivo del caso Castellano ahonda la brecha entre la Abogacía de la Generalitat y la Fiscalía

Asuntos de corrupción se están deshinchando en los últimos meses de manera similar a lo que ocurre, en ocasiones, al sacar un bizcocho del horno. La gran etapa de la corrupción del PP -un mal que se extendió por absolutamente todas las administraciones- parece ya agotada o en sus últimos coletazos. Pero la Abogacía de la Generalitat, que depende orgánicamente de Presidencia, sigue queriendo mantener los casos 'vivos' pese a que la Fiscalía no aprecie indicios de criminalidad para seguir adelante con el procedimiento. El último caso, la investigación sobre el supuesto fraccionamiento de contratos en el caso de Serafín Castellano, consolida el cisma entre las dos partes y vuelve a poner sobre la mesa los criterios que mueven la acción de la Abogacía.

Fuentes del entorno de los investigados apuntan a la existencia de intereses políticos para mantener la atención mediática sobre determinados asuntos. Y más en el contexto actual, con la investigación abierta al hermano de Ximo Puig, Francis Puig, y la condena al exmarido de Mónica Oltra. Desde Presidencia, en su día, insistieron en el carácter técnico de sus decisiones y apuntaron a la salida del anterior fiscal Anticorrupción -Vicente Torres es ahora magistrado en el TSJ– como explicación del cambio de postura del ministerio público.

El caso Castellano no hace más que profundizar en esta desconfianza. Estas pesquisas de fraccionamiento contra el exconseller partieron de una pieza separada del caso Avialsa, una investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por el amaño del contrato de extinción de incendios. También se analizó en su día si el amigo de Castellano, el empresario JoséMiguel Pérez Taroncher, hizo obras gratis en casas de tres directivos de La Fe y de la exdiputada Asunción Quinzá. Todas estas actuaciones se archivaron. Idéntico final al que ha vivido ahora el exconseller.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción realiza un minucioso análisis de las adjudicaciones de Castellano a Taroncher, las empresas y las diferentes responsabilidades que ocupaba el exconseller. Llama la atención que la mercantil supuestamente beneficiada por el que también fue delegado del Gobierno recibió más dinero en el periodo en el que el investigado no estaba como responsable de Sanidad. Este razonamiento confirma, por otra parte, que la actuación en la etapa de Castellano no fue anómala.

Frente al escrito del ministerio público con el análisis de toda la documentación que consta en la causa, la Abogacía de la Generalitat únicamente pedía, sin mayor detalle, que procesen al exdelegado del Gobierno. El juez, sin embargo, decidió acoger el criterio del fiscal y archivar el asunto. ¿Qué hará ahora la Generalitat? Salvo sorpresa, de acuerdo a los antecedentes, recurrirá.

Son numerosos los asuntos en los que se aprecia la distancia entre la Fiscalía, no sólo Anticorrupción, y la representación de la Generalitat. Se rompió la máxima de que en asuntos penales, la Abogacía va siempre de la mano de la Fiscalía al estar los responsables del ministerio público un escalón -o varios- por encima de los funcionarios de la Generalitat en asuntos de esta naturaleza. De hecho, así se dio en el caso Cooperación o Emarsa, por poner los ejemplos más notables.

Las diferencias han sido especialmente llamativas con Francisco Camps y la Fórmula 1. La Generalitat recurrió el archivo del caso Valmor y logró reabrir -con pocas posibilidades de éxito- únicamente lo relativo al aval de la Generalitat. Fiscalía no veía delito. Se dio de nuevo esta disparidad con las obras del circuito. Fiscalía sostuvo que estaba prescrito y la Abogacía, que no. La Audiencia respaldó la tesis del ministerio público. Más de lo mismo con la compra de Valmor por un euro. Donde unos no ven delito, otros hablan de un quebranto de decenas de millones de euros.

Más recientemente, esta diferencia de 'interpretación' se ha reproducido en el caso de RTVV, que iba a ser el mayor desfalco en la Comunitat. Se archivó todo salvo la compra de unos programas a José Luis Moreno. Pero tampoco la Fiscalía ve aquí delito en el exdirector José Luis Jaraba, mientras la Abogacía reclama siete años de cárcel. La desproporción en el análisis se ha repetido en los asuntos relacionados con los pagos a profesores y colegios concertados.