El Ayuntamiento evita el juicio a Fuset al pagar por el accidente de Viveros

El juicio por el accidente de Viveros comenzaba a las diez de la mañana. El acusado más relevante era Pere Fuset, que llegó acompañado de la secretaria de Mes, Àgueda Micó y la síndica de Compromís, Papi Robles. Es decir, con apoyo del partido. «La espera ha sido muy larga, pero tengo la conciencia bien tranquila», adelantó a la llegada a la Ciudad de Justicia.

Los nervios en el edil eran evidentes a la espera de una confirmación del principio de acuerdo al que habían llegado las compañías aseguradoras. Fuset afirmaba desconocer la existencia del pacto, pero sí era conocedor de las negociaciones. Finalmente, alrededor de las once de la mañana, la conformidad era un hecho.

El pacto consistió fundamentalmente en el pago de una indemnización a cambio de que la acusación particular retirara la acusación contra Fuset. El resto de los acusados, por su parte, acordaron con el fiscal una pena de 15 meses de prisión que quedó automáticamente suspendida siempre supeditada al pago de la responsabilidad civil.

Todos aceptaron esas condiciones. El gran beneficiado, lógicamente, es el concejal Fuset, que cierra este asunto sin reproche penal y con la posibilidad intacta de progresar en su carrera política. El acuerdo supone el desembolso de una notable indemnización para la familia de la víctima que se mostraba ayer desconsolada en la sala.

Tres pólizas de seguro estaban envueltas en este procedimiento: la de Promociones Osuna, la de la empresa T Tercios y la del propio Ayuntamiento de Valencia. En total, estas compañías entregarán 320.000 euros. Una de ellas ya había adelantado 100.000 a las víctimas. Lo más reseñable de este acuerdo es que el seguro del Ayuntamiento abonará 60.000 euros, según adelantó El Español y confirmó LAS PROVINCIAS.

Además, cada uno de los otros cuatro condenados, salvo Fuset, deberá pagar 5.000 euros, a sumar las cantidades anteriores por lo que la cifra total es de 340.000 euros, una indemnización menor de las primeras pretensiones de la acusación particular.

El hecho de llegar a un acuerdo propicia el cobro inmediato de la indemnización y se evita todo un reguero de futuros recursos que puede dilatar el pago. Pero también se dan otras circunstancias que admiten lecturas políticas. Por ejemplo, qué porcentaje debería asumir la aseguradora del Ayuntamiento en este acuerdo alcanzado en las últimas horas salvo sorpresa mayúscula. Y en qué sentido esto se puede interpretar como la asunción de responsabilidad del gobierno de Ribó que, en definitiva, termina pagando por el accidente mortal. El Consistorio figuraba en la causa como responsable civil directo.

Este tipo de acuerdos se suelen cerrar tras largas negociaciones. LAS PROVINCIAS informó recientemente de la existencia de conversaciones y de la incertidumbre que existía sobre un acuerdo final. Los contactos, con mayor o menor intensidad, nunca se cancelaron por completo. El pasado viernes se alcanzó un principio de acuerdo. La certeza de ese pacto, no obstante, no se cerró hasta la misma mañana de la vista, algo, por otra parte, habitual. De ahí los nervios del concejal que estuvo arropado en la sala por cargos de Compromís y algunos asesores.

Los hechos que han dado lugar a la investigación ocurrieron el 27 de junio de 2017, cuando un operario que trabajaba en la construcción de unas gradas con capacidad para mil personas pisó una tabla que se venció y cayó desde una altura de 3 metros, se golpeó la cabeza y falleció unos días después en un hospital de Valencia.

Vasile Sucala tenía 47 años, estaba casado y era padre de dos hijas. La familia de la víctima reclamaba cinco años de cárcel para el edil. Tres por el delito de homicidio imprudente y otros dos por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

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