El número dos de Rus solicita al juzgado 1.000 euros al mes para afrontar sus gastos

Emilio Llopis, el que fuera jefe de gabinete de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, atraviesa una delicada situación económica. Desde hace más de un año sufre el bloqueo de sus cuentas y bienes, un embargo judicial con el que responder a una hipotética condena en alguna de las piezas del conocido como caso Imelsa. El número dos del exalcalde de Xàtiva vive hoy las horas más bajas de su carrera. Carece de ingresos para llegar a fin de mes.

Su defensa ha solicitado en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que se levante el embargo que pesa sobre el plan de pensiones que el político tiene en Bankia. El letrado recuerda que esta petición ya la formuló hace más de cinco meses sin que hasta la fecha el juzgado se haya pronunciado. Esta circunstancia no es una queja aislada. Son varios los letrados que han mostrado su extrañeza ante determinados retrasos a la hora de responder a los escritos.

El abogado lamenta, además, que la causa se esté prolongando más de lo esperado. Por estos motivos, además de la penuria económica, vuelve a presentar el escrito. Llopis, en caso de que el juez decida mantener el embargo total del instrumento de ahorro, pide que liberen al menos 1.000 euros para hacer frente a sus gastos domésticos, «aunque no son muchos», según precisa en el escrito.

El jefe de gabinete de Rus fue uno de los detenidos en la macrooperación policial de febrero de 2016. De momento, se encuentra imputado en una de las piezas separadas por las contrataciones ilegales en Imelsa. Se trata de los conocidos como trabajadores zombies. Empleados que disfrutaban de un sueldo público por voluntad de los políticos. Ni siquiera iban a trabajar. El perfil de los enchufados responde a personas afines al partido político o amistades. El fiscal solicitó hace meses que esta investigación se acumulara a otra pieza similar, la de los zombies de Ciegsa. Se trata del mismo procedimiento, pero en la empresa encargada de la construcción de colegios públicos. Anticorrupción pretende un único juicio para estos hechos similares, pero el juez todavía no ha decidido la acumulación de estos asuntos. La instrucción de estas dos causas se encuentra muy avanzada.

Llopis también se encuentra investigado en la pieza principal del caso. El asunto de más enjundia son los sobrecostes en la construcción de centros educativos. La UCO prepara desde hace meses un informe al respecto. Las pesquisas apuntan al cobro de comisiones por la adjudicación de las obras. Parte del dinero iría a parar al propio partido.