La Audiencia absolvió a Febrer de delitos fiscales por una operación inmobiliaria

El recorrido judicial del caso resulta rocambolesco. El juzgado de lo Penal 9 de Valencia absolvió en su día a los acusados. Sin embargo, la Sala tumbó esa resolución ante la falta de motivación. No se había evaluado la prueba de cargo que presentó la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de Hacienda. La Fiscalía no acusaba. Así, los magistrados exigieron al Penal que motivara la absolución... Y, entonces, contra todo pronóstico, el juez decidió condenar a Febrer a dos años y medio de cárcel y a una multa de casi un millón y medio de euros por irregularidades en el impuesto de sociedades y en la declaración de IVA. En ese mismo fallo, también fue condenado Joaquín Pastor, al que los investigadores confieren ahora un papel capital en la trama urbanística.

Los hechos se registraron en 2006, dentro del periodo de irregularidades que se analizan en la operación que comanda Anticorrupción. El asunto regresó a la Audiencia, esta vez por los recursos de los condenados. Entonces sí, y de manera definitiva, la Sala dictó su absolución.

La operación es una compleja sucesión de compras de dos parcelas en Alicante. De entrada, intervino la mercantil Cremados, del ahora investigado Pastor. Abonó algo más de 600.000 euros por los terrenos. Estas propiedades, al cabo de unos meses, se vendieron por más de tres millones a Fomento de Inversiones Levantinas y Grupo CVC Axis, la empresa de cabecera de Febrer, ahora en el centro de la nueva trama de corrupción y pago de mordidas. A continuación, se traspasan a otras sociedades por más de cinco millones de euros. Hacienda sostiene que toda esta cadena de operaciones no es fruto de una actividad económica espontánea sino que estaba prevista de antemano. El objetivo no era otro que, a través de esta mecánica, pagar menos impuestos. Pero los compradores definitivos ya estaban decididos desde el primer momento.

La Audiencia, en cambio, consideró que estas operaciones fueron reales y no estaban preparadas previamente. «No hubo ni concierto, ni pago ni confabulación» entre los acusados, subraya la Sala. Febrer, más que un constructor, era un promotor, dedicado a la compra y venta de suelo, según las fuentes consultadas. Estos hechos, al existir una sentencia absolutorio, ya no se pueden investigar en la macrocausa de corrupción.