La Audiencia absuelve a Jaraba tras la denuncia presentada por Compromís hace seis años

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha absuelto al exdirector general de RTVV José López Jaraba de los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, administración desleal, y del delito de fraude a la administración. La decisión, que ya se ha comunicado a las partes, es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el término de cinco días a contar desde su notificación.

El fallo absolutorio coincide con los argumentos del Ministerio Público, que no presentó cargos contra Jaraba y rechazaba los cargos presentados por las otras acusaciones. La causa, ahora archivada comenzó en 2014, cuando Compromís presentó una denuncia por un agujero de más de 1.000 millones de euros en el ente. Se apuntó entonces -al igual que ocurrió con Feria de Valencia y después se archivó- que iba a ser uno de los mayores casos de corrupción de la etapa de los populares. Paulatinamente, las sospechas y el número de investigados se fueron reduciendo. Al final, sólo quedó Jaraba y únicamente por la compra de determinados programas a la productora del ventrílocuo José Luis Moreno. Un informe pericial recogió que se produjeron sobrecostes de alrededor de un millón de euros por un magazine y una serie cuya calidad no era aceptable. Pero el resto de decisiones bajo sospecha, como la compra de unos documentales a la empresa Triskel y patrocinios a clubes de fútbol, fueron validadas con el avance de la instrucción.

La Fiscalía de Valencia, en última instancia, se separó del resto de acusaciones: la particular de la Generalitat y las populares de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Compromís. La de la coalición nacionalista está firmada por el hoy presidente de Les Corts, Enric Morera, y por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, entre otros altos cargos de la formación econacionalista, que mantuvo su acusación contra el exdirector de RTVV.

El ministerio público no vio delito en la actuación de Jaraba, mientras la Generalitat reclamó siete años de cárcel al exdirectivo. De nuevo los criterios de la Fiscalía y de la Abogacía se volvieron a distanciar en un asunto de supuesta corrupción. Lo que antes era una excepción, esa disparidad de criterios, parece haberse convertido en norma tras los casos de Valmor, F-1, el circuito y el presunto fraude de la concertada, por ejemplo. Todo esto generó en su día un enorme malestar en la Fiscalía acerca de qué motivos mueven la actuación de la Generalitat.

El ministerio fiscal concluyó que la compra de los programas ahora cuestionados contaban con la aprobación de la Junta de Compras de RTVV y no se alteró el procedimiento administrativo. Insistió, además, en que las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes no «son delictivas». Tampoco quedó acreditado, según la tesis de la fiscal, que hubiera un «concierto» del directivo con el productor para favorecerle económicamente. Y, por otra parte, el afamado productor no figura como investigado en la causa.

La pericial que hablaba de sobrecostes no se antojaba suficiente, a criterio de la acusación pública, para llevar a Jaraba al banquillo. Aunque finalmente se celebró y ha acabado en absolución.