La Audiencia absuelve a Rus y al resto de acusados en la pieza del call center

No hubo trama de corrupción en la adjudicación del centro telefónico de la Diputación a la empresa Servimun. La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha dictado la sentencia por la que absuelve al expresidente de la Diputación y exlíder del PP, Alfonso Rus, así como al resto de acusados en la pieza del call center, el centro de atención telefónica puesto en marcha por la corporación provincial bajo la presidencia del exalcalde de Xàtiva.

Rus estaba acusado de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. El fallo exculpa tanto al exlíder provincial como a Marcos Benavent, el autodenominado yonki del dinero, el suegro de éste, Mariano López Sancho, así como a Salvador Deusa (responsable de Imelsa) y a Ricardo de Ángel Marí (responsable de la Diputación). También quedan indemnes Vicenta Torregrosa y Concha Torregrosa, familiares del suegro.

No ha quedado probado, según la Sala, que los miembros de la Mesa de Contratación actuaran de forma ilegal, que se introdujeran criterios para favorecer a la adjudicataria o que Rus diera órdenes en ese sentido. Es más, ni en la fase de «licitación ni en la posterior adjudicación el acusado Alfonso Rus tuvo participación». Idéntica conclusión alcanzan para la intervención del suegro.

Se trata de la segunda sentencia de las piezas del caso Imelsa, la macrocausa de corrupción alrededor de la Diputación de Valencia durante el mandato del PP previo a la llegada del Botánico. En concreto, analizaba las irregularidades del centro de atención telefónica que montó la Corporación provincial y que costó dos millones de euros.

El servicio se adjudicó a la empresa Servimun, una mercantil vinculada en la sombra a Mariano López, el suegro de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa. Y López, quien también fue presidente de los empresarios de La Costera, recibió cerca de 200.000 euros de la beneficiaria. La tesis de Anticorrupción es que todo aquello fue amañado con conocimiento del presidente de la Diputación, Alfonso Rus, para premiar al suegro de su mano derecha Marcos Benavent.

Los tres protagonistas del sumario son Rus, Benavent y el suegro Mariano López. La nómina de los acusados se completa con Salvador Deusa, exjefe de la Diputación de Valencia y Ricardo de Ángel, exjefe del servicio de Gestión Tributaria. El tribunal ha decidido que no hubo con concierto previo entre todos ellos para 'arreglar' la adjudicación.

Las cuestiones previas adquieren en este juicio una especial relevancia por los efectos colaterales que pudieran tener en otras piezas del caso o incluso en otros juicios, como el caso Erial, donde Eduardo Zaplana se sentará en el banquillo por una supuesta fortuna en el extranjero. En este sentido, se planteó la nulidad del registro del despacho del primer abogado de Marcos Benavent.

Pero la Audiencia lo considera perfectamente legal. No hubo una investigación prospectiva y el auto de entrada está suficientemente motivado frente a la tesis de las defensas de que era «sesgado». Por tanto, valida la documentación que allí se recopiló. Recuerda, además, que estuvo presente el decano del Colegio de Abogados de Valencia, para garantizar el respeto del resto de material que fuera ajeno a las pesquisas.

En un principio, la relación entre la empresa Servimun -la causa contra el dueño Fernando Palomares se archivó por su estado de salud- y la sociedad pantalla del suegro, Técnicas Legales, era evidente. De hecho, la mujer de López y su hermana también se vieron salpicadas por el procedimiento. Pero los magistrados argumentan que los pagos se debieron al asesoramiento que prestaba López y que sus familiares, pese a ser la cara visible de la mercantil, no tuvieron la intención de ocultar un supuesto dinero de procedencia ilícita.

El fallo aborda el análisis por separado de cada uno de los ilícitos. El de prevaricación, habitual en las tramas de corrupción, es el primero. «Difícilmente pudo ser él, el autor, ni intelectual ni material, del delito de prevaricación administrativa», apunta sobre Rus. La idea del call center no parte de él sino de Haro, luego es ratificado por el Pleno de la Diputación (sólo EU votó en contra) y no existe «una sola prueba que hable, no ya de instrucciones; ni siquiera de indicaciones» que permitan intuir la mano oculta de Rus.

En cuanto a la malversación de caudales públicos, según la nota difundida por el Tribunal Superior de Justicia, la Sala concluyó: «Difícilmente se puede considerar desvío de fondos públicos la cantidad que indica el Ministerio Fiscal porque su acusación parte de una convicción que ya hemos declarado no probada, la del contrato amañado». Y por lo que respecta al delito de tráfico de influencias, los magistrados concluyen que no hay «prueba alguna» que permita afirmar Rus «ejerció influencia alguna en la decisión de la adjudicación del contrato (…) en busca de un beneficio para sí mismo o para un tercero», ni tampoco que esa posible influencia fuera desplegada por Benavent o Mariano López.

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