La Audiencia cierra el caso Cooperación con penas mínimas para Blasco y Tauroni

La Audiencia de Valencia ha cerrado el caso Cooperación, la trama de desvío de fondos para el Tercer Mundo a intereses privados encabezada por el siete veces conseller Rafael Blasco. La sentencia llega a los ocho meses de terminar el juicio y casi diez años después de que se iniciara la instrucción. De hecho, todos los condenados por la primera pieza del caso se encuentran ya en libertad.

Esta macrocausa de corrupción termina con una sentencia que no respeta los acuerdos de conformidad parciales -aquellos que sólo se firmaron con una acusación como lo hicieron Blasco, Tauroni y Llinares- e impone penas inferiores a los pactos iniciales con Anticorrupción. Blasco se queda con un año de prisión y Tauroni, con dos. El futuro sí se presenta más negro para Marc Llinares, condenado a dos años y nueve meses de cárcel.

Resulta una incógnita saber si el exconseller regresará a Picassent. Dependerá de que esta sentencia sea firme y de si en ese momento Blasco ha finiquitado ya los seis años y medio de prisión a los que fue condenado. Ahora está en el tercer grado. Llinares, salvo sorpresa, terminará en la cárcel, una de las prioridades de las acusaciones ya que no fue condenado en la primera pieza del caso. Las mínimas penas a Blasco, entre otros acusados, se sustentan en que la Sala tiene en cuenta que lo máximo que se le puede poner por malversación es un año y medio. Ya fue condenado a seis y medio en la primera pieza. El máximo del delito son ocho. Exceder ese límite supondría imponerle más pena que si solo se hubiera celebrado un juicio.

El fallo recoge, además, dos absoluciones: la de la funcionaria Dolores Escandell y el evaluador de los proyectos Luis Castel. Dos procesados que desde el primer momento de las actuaciones se negaron a cualquier tipo de acuerdo con el fiscal, la Generalitat y la acusación popular de las ONG's.

El tribunal de la sección Quinta rechaza las conformidades parciales, y recuerda que estas prácticas pueden dar lugar a sentencias contradictorias, es decir, acusados que admiten unos hechos que el tribunal, de acuerdo con la práctica posterior de la prueba, no da luego por ciertos.

Los hechos probados -la operativa es la misma que en su día ya describió la sentencia del TSJ- consisten en que desde la Conselleria de Solidaridad se amañaron subvenciones para proyectos de desarrollo que iban a parar a ONG's en la órbita del empresario amigo de Blasco, Augusto César Tauroni, que después se los apropiaba a través de la facturación ficticia de mercantiles bajo su control.

Así sucedió también con la fallida construcción del hospital de Haití. «Ciertamente, la mayoría de estos expedientes pasaron desapercibidos tanto en su tramitación como en concesión por diferentes técnicos de la Conselleria», concluye la Sala sobre el proceso.

La Audiencia aprecia algunas atenuantes que rebajan las penas. Por ejemplo, la reparación del daño, las dilaciones indebidas y la confesión. Respecto a los retrasos, el fallo señala que «la complejidad de la causa no excluye que el transcurso de casi 10 años desde que se notifique esta sentencia – y desde luego más tiempo desde que alcance su firmeza – no son plazos propios de una administración de justicia avanzada. Una cosa es la división del proceso en piezas para facilitar su enjuiciamiento y otra muy diferente, que esa división sirva para mantener un escarnio público de los encausados».

El tribunal niega sin embargo una rebaja por la confesión de Blasco. Es más, argumenta que su posición en el juicio al no querer declarar lo que hizo fue entorpecer el esclarecimiento de los hechos. Los magistrados llegan al convencimiento de que el conseller era «conocedor de las irregularidades que giraban en torno a la ejecución de los 300 proyectos... y en especial con el tema de la administración del dinero de las subvenciones y sin embargo no consta el más mínimo reproche por su parte a Tauroni».

La mayoría de los condenados salvo un par de empresarios afrontarán penas de menos de dos años. Es más que probable que no ingresen en prisión y más cuando han devuelto el dinero. La consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, ve las penas «laxas» y confía en que se devuelva todo el dinero.