La Audiencia decreta el fin de la instrucción al clan Blasco por el hospital General

Esta instrucción apenas ha generado repercusión mediática, ensombrecida siempre por asuntos de mayor relevancia o por la simple actualidad. Pero las pesquisas cumplen ya ocho años, una extensión difícilmente asumible si lo que se pretende es un sistema ágil de la Administración de Justicia. Incluso debido al tiempo, el sumario ha pasado por la mesa de diferentes fiscales, todos de Anticorrupción.

El inicio del caso partió de una denuncia de Esquerra Unida, impulsora también de la macrocausa de Imelsa. En sus inicios se dividió en tres piezas. Una de ellas era la conocida como Abucasis, el amaño del concurso sobre el sistema de gestión de los historiales clínicos. Esta parte se archivó. Idéntico destino corrió otra vertiente de la investigación, la de una supuesta trama para construir hospitales en Perú.

Así, desde 2014 sólo se ha mantenido viva la tercera de las piezas, la de los contratos del Hospital General. La instrucción afrontaba ya su recta final tras años de diligencias y algunos retrasos. De hecho, la última prórroga había sido anulada por la Audiencia el pasado marzo, según explicaron en su día fuentes judiciales.

Sin embargo, pese a esta circunstancia, la Fiscalía había solicitado la ampliación de una pericial que consideraba básica para determinar la posible comisión delictiva.

El ministerio público sostenía que no se trataba de una nueva diligencia sino de complementar una que ya había sido acordada y, de hecho, efectuada por lo que mantenía que se podía efectuar incluso con los plazos agotados.

La respuesta de la Audiencia, en cambio, no comparte este criterio al igual que en su día ya adelantó el juez instructor.

El perito que efectuó un informe sobre las sospechosas adjudicaciones «no cotejó los informes emitidos por la UDEF en relación a los flujos dinerarios producidos entre diversas sociedades, con la documentación, contratos y facturas, que se encuentra en el procedimiento», recoge la resolución.

En su día, en el encargo judicial, se expuso que se facilitaría al perito, además de los informes policiales toda la documentación que requiriera. El especialista compareció en marzo en el juzgado para explicar el contenido de su informe.

La Audiencia aclara que en este supuesto no se trata de una diligencia que vaya a recibirse una vez agotado el plazo -totalmente válida- sino de una ampliación de un informe ya elaborado y donde ya se señalaba qué material se había consultado para su elaboración. «Nos encontramos con que tardíamente se detecta insuficiente» lo que en un principio se dio por completado.

Los magistrados subrayan que en el encargo inicial no incluía ese cotejo de la documentación que ahora parece ser imprescindible. Además, consideran que la fiscal no indica la necesidad de que el informe sea completado así como la importancia de cumplir este trámite para el desenlace del asunto.

El juez citó el pasado mes de abril a los imputados que tenían la intención de declarar ante el instructor. Pero buena parte de estas comparecencias quedaron aplazadas a expensas de la decisión de la Audiencia.

La causa afecta a Sergio Blasco, sobrino del exconseller. En su día también fue detenido su hermano, Francisco Blasco. Ambos son hijos de Francisco Blasco, un histórico del PSPV que ocupó la alcaldía de Alzira y la presidencia de la Diputación de Valencia.

Su hermano es Rafael Blasco, el siete veces conseller de la Generalitat con los gobiernos del PP, no logra desvincularse de los numerosos frentes judiciales que aún arrastra de su etapa en el Consell. Primero fue la condena a seis años y medio por la primera pieza del caso Cooperación y su estancia en la prisión de Picassent. Posteriormente, otro año de cárcel por las otras dos piezas de este turbio asunto, con el fallido hospital de Haití. Y más recientemente, otro fallo de ocho años de inhabilitación por el amaño de los contratos de informática de su etapa en Sanidad. Resulta improbable que regrese a la penitenciaría valenciana.

Su mujer, Consuelo Císcar, también ha tenido graves problemas judiciales. Aceptó un año y medio de cárcel por su gestión delictiva del IVAM. En la otra causa, la de la compra de obras de Gerardo Rueda resultó absuelta.