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Rafael Blasco ya tiene su horizonte judicial completamente despejado. Ha sido prácticamente una década de condenas, prisiones, juicios e investigaciones donde el siete veces conseller ha sido protagonista principal de la mano, en la mayoría de las oportunidades, del empresario Augusto César Tauroni. Casualmente, en ... la conocida como trama del Hospital General, no participó su empresario de cabecera. Esta presunta red delictiva se encontraba dirigida por Sergio Blasco, sobrino del exdirigente autonómico.
Se trata del último asunto que amenazaba el futuro del político. Anticorrupción trató de que la Audiencia revocara el auto del juzgado y le dejara a un paso del banquillo. La Fiscalía sospechaba de todas las circunstancias que rodeaban uno de los contratos analizados. Pero la Sala considera insuficientes el parentesco entre ambos protagonistas y «la responsabilidad implícita en el pliego de condiciones». Las sospechas se concentraban alrededor de la externalización del almacén del centro hospitalario, una de las adjudicaciones clave de esta investigación.
La Audiencia, al igual que hace con el recurso de Anticorrupción rechaza las apelaciones de los diferentes acusados. De tal modo que ratifica el procesamiento del juzgado y aboca al banquillo a Sergio Blasco, exdirector del Consorcio del Hospital General, y a su hermano Francisco José. El resto de los procesados, nueve personas, son administradores de algunas sociedades y en varios supuestos amigos íntimos de Sergio Blasco.
La trama, tal y como informó LAS PROVINCIAS, funcionó a tres niveles. Por un lado, las grandes mercantiles, Out-log, Conectall Systems y Mantenimiento Integrales Turia, empresas solventes y con experiencia en el sector sanitario. En una década (2005-2014) han facturado 33 millones de euros.
El segundo grupo son microempresas, de dos o tres trabajadores. Logran facturación de las primeras firmas (600.000 euros) y, a veces, del propio centro hospitalario. «Todas ellas están dirigidas por personas vinculadas personal o laboralmente con Sergio Blasco», indicó en su momento el juez. Y finalmente, en el escalón más bajo, son sociedades que carecen de estructura, pero canalizan ingresos de los estadios superiores de la red.
Uno de los imputados, por ejemplo, había solicitado el archivo porque era administrador pero no dirigía la empresa como tal sino su amigo Sergio Blasco. El motivo ha quedado descartado porque la mercantil sí participa del entramado detallado por el juez. Argumento similar utiliza otra de las administradoras que indica que sólo le hizo un favor a su tío. «Pero el hecho de prestarse a generar una mera apariencia para favorecer una actividad supuestamente ilícita puede ser interpretada como una forma de participación».
Otros recursos apuntan a las debilidades del informe del perito lo que llevaría al sobreseimiento de la causa, según esta tesis. Pero la Audiencia considera que esos argumentos no «desvirtúan los indicios incriminatorios del instructor». El relato que mantiene el juzgado es que existió un acuerdo de voluntades de las personas próximas a Sergio Blasco como un «conjunto organizado de personas con diferentes funciones». También rechaza que el hecho de que los investigados no lleven un alto nivel de vida no excluye que tengan otros bienes o dinero «sin aflorar en los registros públicos».
El juez aprecia indicios de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Los habituales en tramas de corrupción. En la causa aparecen actuaciones de relevancia en el ámbito sanitario. Por ejemplo, una de las empresas bajo sospecha ejerció un papel clave en la logística del reparto del material Covid en los peores momentos de la pandemia, aquellos meses de terrible incertidumbre de 2020. El sindicato CC OO se ha retirado de la acusación en este asunto. Sólo queda la Fiscalía Anticorrupción.
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