Jorge Rodríguez en el juicio del caso Alquería: «No recomendé, no había objetivo de colocar a nadie»

La Audiencia de Valencia, tras tres días de deliberación, ha dado respuesta a las cuestiones previas planteadas por los letrados del caso Alquería. La mayoría de las peticiones se han resuelto a favor de las acusaciones. Los procesados, con Jorge Rodríguez a la cabeza, han comenzado a declarar hoy ante el tribunal. Y las acusaciones populares, la del PP y la de Acción Cívica, se mantienen en la causa.

Únicamente, en el plano favorable, les permitirá sentarse con sus letrados y se les concede la dispensa para no tener que acudir a todas las sesiones. Además, se ha ampliado las testificales con el socialista José Manuel Orengo, el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y la actual consellera Rosa Pérez Garijo. Respecto a las nulidades, lo previsible: se resolverá en sentencia.

La Sala ha concedido un receso para que los letrados conozcan la fundamentación del auto. A continuación, ha sido el turno de Jorge Rodríguez, principal acusado. El exlíder socialista se ha negado a contestar a las acusaciones, según ha dicho, tras la decisión del tribunal. Esto habría hecho cambiar su posición de colaborar de manera repentina.

Era el día de Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia y principal acusado del caso Alquería por la contratación ilegal de directivos en Divalterra. El resumen de su comparecencia es el siguiente: «No recomendé a nadie, yo sólo quería los perfiles, personas formadas, con ganas de trabajar». De igual modo, rechazó que aquello fuera una agencia de colocación: «No había ningún objetivo de colocar a nadie para ponerle un sueldo público».

Todo esto se lo dijo a su abogada porque el socialista se negó a contestar al fiscal y al resto de las acusaciones. La firma pasó de contar con un alto directivo a una decena de profesionales de la alta dirección. El caso es que un dirigente político que supuestamente no tiene nada que esconder sólo respondió a su letrada. Pero también es cierto que cuando uno se enfrenta a ocho años de cárcel, quizá no sea el momento de presumir de demasiada transparencia.

Rodríguez informó de que es licenciado en Ciencias Políticas y que tenía una «conocimiento muy básico» de la administración pública. «No tenía conocimiento de cómo contratar a los trabajadores en Divalterra. Desconocía la formulación y lo que era un contrato de alta dirección», ha indicado. En este sentido, no ha dudado en apuntar a José Luis Vera, exjurídico de la empresa pública, como la persona que propone esa idea.

A lo largo de su declaración ante el tribunal ha repetido hasta la saciedad dos ideas. Por un lado, el caso Taula de la corrupción del PP y la necesidad de hacer cambios en la mercantil. Por otro, el de Vera, al que trata de responsabilizar de las contrataciones de los directivos ahora bajo sospecha. El jurídico está citado como testigo en esta causa.

Rodríguez ha querido enumerar todas las entidades en las que se encontraba al frente durante aquel periodo de la Diputación de Valencia. Y lo convulso que fue la llegada del nuevo Gobierno a la antigua Imelsa, en clima de caos que se respiraba allí. «Transparencia y responsabilidad» han sido dos de las claves que ha indicado que querían presidir su etapa.

«Nos encontramos con mucha incertidumbre en Divalterra». El personal estaba «muy nervioso». La nueva dirigencia tenía «desconfianza» hacia parte del personal porque todo «el saqueo» se había producido con ellos en el organigrama de la sociedad.

La llegada de Rodríguez supuso el intento por ordenar la empresa, crear una nueva estructura. Ahí se nombra a dos gerentes, Tiller y Agustina Brines, y al profesional jurídico José Luis Vera, hoy también salpicado en el caso Azud por el supuesto cobro de comisiones por trabajos para el empresario Jaime Febrer. Entonces, nace la idea de siete grandes áreas en la empresa. «Era una entidad oscura», ha indicado respecto a las cuentas de la firma. Rodríguez ha atacado a José Luis Pellicer y José Luis Castellote, dos de los denunciantes del caso por tener lo que se conocían como nóminas VIP.

El acusado era el presidente del Consejo de Administración de Imelsa. Los directivos de áreas trasladaban a los gerentes los asuntos de interés y estos los elevaban al secretario, que es el que redacta el orden del día. «Yo más que fijar el orden del día, lo que hacía era firmarlo».

El nombramiento de José Luis Vera en Imelsa tampoco fue pacífico. «No lo conocía de antes. Orengo me aconseja que lo contrate porque habían trabajado juntos en Gandia. Su currículum le avalaba, exjuez y profesor... Un jurista de reconocido prestigio. Nos comenta que tiene buena relación con el fiscal del caso Taula y eso le convertía en una persona idónea».

«Nosotros no creamos esa estructura ad hoc», ha manifestado para tratar de rebatir la tesis del fiscal. El hecho de que anotaran PSPV o Compromís en los puestos respondía a un interés porque reportaran a los gerentes de uno y otro partido para cuadrar la representación de ambos partidos. Pero el caso, al margen de la versión que ofrece el expresidente, es que los contratados finalmente fueron personas afines a esos dos partidos.

Rodríguez ha sostenido que existía un informe que respaldaba la contratación de los altos directivos. Un dosier encargado por el asesor jurídico, «en el que yo confiaba». Anticorrupción, en cambio, sostiene que existen una docena de pronunciamientos en contra de la incorporación de estos directivos.

De igual modo, ha tratado de alejarse de los contratados afines al PSPV. «No recomendé a nadie, yo sólo quería los perfiles, personas formadas, con ganas de trabajar». La firma pasó de contar con un alto directivo a una decena de profesionales de la alta dirección. El acusado ha insistido en que no había problema en que los nombramientos pasaran por el consejo, pero nadie lo planteó. Sólo Cs y con posterioridad a los nombramientos, ha recordado.

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