Las defensas del caso Alquería maniobran para que se suspenda el juicio

Los acusados del caso Alquería, con el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez a la cabeza, trataron este lunes de que el tribunal suspenda la vista y el asunto, tras cuatro años de instrucción, vuelva de nuevo al juzgado. No es una estrategia que sorprenda. Más bien todo lo contrario. Era lo previsible teniendo en cuenta los antecedentes de la causa, la primera investigación por supuesta corrupción del PSPV y de Compromís en la corporación provincial.

De nuevo, el epicentro de todo el embrollo es la empresa Divalterra, sociedad que se vio obligada a cambiar su denominación tras el escándalo de Imelsa, con el exgerente Marcos Benavent a la cabeza.

Anticorrupción sostiene que una red clientelar se asentó en la mercantil donde se contrató a altos directivos, todos afines al PSPV y Compromís, sin atribuciones para ese nivel salarial.

La vista arrancó a las 10 horas. Previamente, Jorge Rodríguez aprovechó para atender a los medios. «Esto no es agradable, pero después de cuatro años llega el momento de tratar de hacer Justicia. Estamos hablando de la posibilidad que haya siete contratos irregulares y termina siendo uno penal por el sueldo que hemos cobrado». Sin embargo, dentro, su letrada reclamó que la causa regrese al juzgado lo que alargaría la penitencia de no ver despejado su futuro,

La primera jornada se dedicó a las cuestiones previas. Algunos problemas técnicos con el sistema de grabación de la sala lastraron el arranque de la sesión, con constantes interrupciones por un molesto pitido que se coló en el sistema de audio.

Pérez Lledó, uno de los acusados, protagonizó la sorpresa de la jornada al quedar absuelto una vez retiró la acusación el PP y la acusación popular de Acción Cívica.

La letrada de Jorge Rodríguez fue la primera en tomar la palabra. Tal y como era previsible, la defensa solicitó que el expresidente declare al final de la vista y no al inicio, según lo acordado en el calendario. De ser aprobado esto, se tendría que reorganizar toda la agenda judicial. «Toda la prueba del ministerio fiscal en instrucción se realizó sin la presencia de las defensas», lamentó.

Esto, siempre según su relato, les ha generado una desigualdad de armas entre las acusaciones y las defensas y, por tanto, una manifiesta indefensión. Por último, ha reclamado que regrese el asunto al juzgado de Instrucción para que se complete la investigación de este controvertido asunto. Esta posibilidad, de acordarse, generaría una evidente demora en la causa.

La defensa del expresidente ha recordado cómo se cimentó toda la investigación, con la entrada a domicilios y el acopio de todo el material, así como las detenciones de los principales investigados. Rodríguez estuvo 31 horas detenido en junio de 2018. ¿«Era necesario?», se ha preguntado la representación legal. Ha querido, de esta forma, plantear una vulneración de los derechos fundamentales de todos los investigados.

De igual modo, otros letrados cuestionaron la legitimidad del PP como acusación popular en este asunto y han instado a que sea expulsado de la causa para evitar que ejerza la acusación en la vista. Respecto a la petición de prueba, se reclamó la comparecencia de José Manuel Orengo y de Toni Gaspar, entre otros dirigentes del PSPV.

Algunos letrados también aportaron un voluminoso dosier de prensa con noticias relativas al caso Alquería y al trabajo que efectuaban los directivos en la empresa pública. La tónica general, con mayor o menor énfasis, fue la de alegar indefensión durante toda la instrucción por no aceptar sus diligencias y el escaso tiempo a los letrados para instruirse. Incidieron muy especialmente en una cuestión: el hecho de que el fiscal fuera el último en preguntar durante las declaraciones en instrucción, una circunstancia que han considerado inaudita y por la que han atacado el papel del titular de Instrucción 9.

A Rodríguez le acompañarán en el juzgado otras 13 personas. Entre ellas, el que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, el letrado asesor Jorge Cuerda, el asesor Manuel Reguart y los dos exgerentes de la empresa: Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). Rodríguez se enfrenta a ocho años de cárcel, según el escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción. El PP, en cambio, eleva la petición de pena para el dirigente hasta los 18 años. Acción Cívica, por su parte, ejerce la acusación popular.