La Audiencia valida la decisión de Camps de citar al número dos de Puig por la F-1

Francisco Camps sigue logrando pequeñas 'victorias' en los tribunales al margen de las causas que ha conseguido archivar. Le quedan, de momento, dos asuntos –en el de los contratos de Gürtel se sentará en el banquillo– de un total de nueve causas abiertas. Una de ellas es todavía la de la organización de la Fórmula 1 en Valencia, investigación que quedó reducida a las consecuencias del famoso aval que firmó la Generalitat con Ecclestone por si los Grandes Premios no llegaban a celebrarse. En el marco de esas diligencias, la defensa de Camps logró que la jueza citara como testigos a la máxima responsable de la Abogacía y al secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, persona de la máxima confianza del presidente Ximo Puig.

La Abogacía recurrió la convocatoria de sus dos responsables. De hecho, el recurso se ha resuelto después de que declarara Ferrer. La letrada responsable de la Abogacía no pudo hacerlo por estar fuera de la Comunitat. Queda, por tanto, pendiente aún su comparecencia.

Ferrer acudió a la Ciudad de la Justicia, pero no fue posible sacar una imagen del alto cargo entrando por la puerta principal del edificio. Ese es el único lugar oficial de acceso a las dependencias. Ahora la Sala respalda la tesis de Camps y rechaza las pretensiones de la Abogacía. Consideran los magistrados que la diligencia «no se aparta del objeto de la investigación con tal claridad que sea manifiestamente impertinente o inútil». Es cierto que los testigos no tuvieron relación con la firma del documento del aval (19-7-2011) porque ellos llegaron a sus puestos en la Administración con posterioridad a la victoria del Botánico.

Pero, sin embargo, «no puede descartarse de antemano que puedan proporcionar información relevante para la causa debido a la función que desempeñan. Así, hipotéticamente, –aventura la Sala– podrían tener conocimiento de actuaciones »posteriores de la Generalitat, firmante del documento, o de otras partes implicadas, así como de las consecuencias que podría haber tenido para la Generalitat. Existen dos informes periciales que llegan a conclusiones opuestas sobre el perjuicio para el erario. Anticorrupción, en este caso, secunda el discurso de la defensa y ya ha pedido en dos ocasiones el archivo de la causa. El primer sobreseimiento se reaperturó tras un recurso de la Abogacía a la Audiencia. Ahora, la juez debe decidir qué hace. Si procesa Camps –único investigado en la causa– o vuelve a dar carpetazo al controvertido asunto.