El auditor de Divalterra cuestiona de nuevo los pagos por la fundación de Orengo

Una auditoría interna de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, cuestiona los pagos realizados desde esta mercantil a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) por el convenio suscrito en 2016 entre ambas instituciones para la puesta en marcha de la fundación Cical, impulsada por el exnúmero tres del PSPV José Manuel Orengo.

El documento al que ha tenido acceso este diario no sólo subraya la discrepancia existente entre la suma facturada por Divalterra –106.958 euros– y la que pretende cobrar la FVMP –109.184 euros–. Remarca que de esa cantidad debe suprimirse diversas cantidades, que suman casi 69.000 euros, y que reducirían los pagos a efectuar a poco más de 38.000 euros.

La resta se sostiene en las dudas sobre la efectiva realización de los trabajos realizados en el convenio. A mediados de 2016 Divalterra y la Federación de Municipios suscribían un convenio por algo más de 100.000 euros para impulsar un Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados en la Administración Local (Cical), una vieja idea de Orengo con la que el dirigente socialista encontraba destino tras su breve paso la jefatura de gabinete del presidente de la Diputación durante el mandato de Jorge Rodríguez.

Cical vio la luz, al menos a efectos de la constitución de su patronato. Incluso trascendió una reunión en el Palau de la Generalitat con el presidente Ximo Puig y algunos de los patronos. Pero la idea, anclada sobre una difusa financiación pública, acabó chamuscada antes de concretarse.

Tan chamuscada quedó que la propia Divalterra decidió paralizar los pagos a la FVMP por el convenio suscrito. Tal y como refleja la auditoría, se abonó una factura de 40.000 euros, y se dejaron pendientes otras dos, de 40.000 y 26.958 euros respectivamente. Cuatro años después, y tras la advertencia de la Agencia Antifraude respecto a las dudas que arrojaba el trabajo realizado por Cical y la justificación de los gastos, Divalterra encargó una auditoría interna para conocer la realidad de lo ocurrido.

Y ese informe remarca que una parte importante de los pagos reclamados, 41.720 euros, se habían imputado al convenio pese a situarse «fuera del marco temporal del mismo». Otros 10.639 euros correspondían a gastos imputados «fuera del objeto del convenio». Y por último, otros 16.656 euros respondían a los pagos a un trabajador del que no existían «evidencias de participación activa en el proyecto». Esas tres cifras suman los casi 69.000 euros que el auditor defiende que se resten de los pagos a realizar.

No sólo eso. El mismo documento remarca que los 38.035 euros de pagos, que responden a gastos de personal y generales, también deben ser justificados por la entidad que preside Rubén Alfaro. Porque el auditor detecta «comprobantes de dietas sin identificación de comensales», así como importes en dietas y kilometraje «superiores a los establecidos por la normativa fiscal».