La auditoría del Consell para detectar corrupción en el sector público afectará a 48 entidades

El Consell ha puesto en marcha la maquinaria para ejecutar el programa de auditorías a las entidades que integran el sector público de la Generalitat. Un acuerdo que cerró el Gobierno valenciano el 20 de marzo y que se traduce en dos contratos para poner en marcha una inspección operativa de las empresas públicas y un plan que permita detectar casi al momento cualquier decisión o procedimiento relacionado con un posible fraude o maniobra de corrupción.

El objetivo, en primer lugar, es detectar las posibles deficiencias del sector público y fijar una serie de recomendaciones para solucionar los problemas, «además de detectar la duplicidad de tareas, ociosidad o sobredimensionamiento en recursos materiales, financieros o de personal, así como de generación de costes de externos de cualquier tipo».

En total se auditarán 48 entidades del sector público dependientes de todas las consellerias, incluida Presidencia de la Generalitat. Se hará una inspección exhaustiva de eficacia, eficiencia y economía, además de sistemas y procedimientos. El análisis se referirá al ejercicio de 2023 y se podrán cubrir series temporales de años anteriores si así está justificado en la auditoría.

Esta tarea se va a dividir por lotes para un concurso de más de 1,2 millones de euros y con un trabajo cifrado en 15.650 horas de tarea. El contrato se va a fragmentar en seis partes, con un presupuesto que oscila entre los 204 y los 152 millones de euros.

El otro de los procedimientos en marcha es un concurso que pretende atajar cualquier indicio de fraude o corrupción en la administración valenciana. «El fraude y la corrupción provocan la pérdida de ingresos públicos y menoscaban la credibilidad de las instituciones produciendo la desafectación de los ciudadanos respecto a las instituciones y a la gestión pública. Por ello, es obligación de las administraciones públicas combatirlos», reza el primer argumento de la memoria justificativa.

Para llevar a cabo estas auditorías forenses en el sector público de la Generalitat se va a ejecutar el Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), porque reduce los plazos en la detección del fraude. El valor estimado de este proceso roza los 988.000 euros para un proceso que exigirá más de 9.800 horas de trabajo.

Las dudas sobre la gestión de las empresas públicas arrancan de los informes de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de la Generalitat, que son los órganos públicos que fiscalizan las cuentas. El análisis de los últimos ejercicios contables de algunas de las empresas públicas de la administración autonómica destaparon diversas irregularidades, que son las que ahora se pretende investigar.

Desde la creación de seis agencias fantasma –aprobadas por el Consell pero sin personal ni presupuesto– hasta las circunstancias que envolvieron la contratación de personal sin contar con las pertinentes autorizaciones de la dirección general de Presupuestos o el caso de una firma pública que presentó para su aprobación una propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que superaba en 800 empleos a su personal real.

La misma empresa, informada de tal circunstancia por la Intervención, se apresuró a corregir el dato. La Intervención y los auditores detectaron anomalías en el 90% de empresas de la Generalitat el último año del tripartito del Botánico.