El caso de las ayudas irregulares de Francis Puig pierde fuelle en plena campaña electoral

La campaña electoral ha comenzado con un balón de oxígeno para Ximo Puig en la investigación abierta a su hermano, Francis Puig, por graves irregularidades en la concesión de ayudas, fundamentalmente para proyectos del fomento del valenciano. Tres hechos han contribuido a rebajar la presión sobre este asunto, una investigación de corrupción que afecta a la familia del presidente de la Generalitat y que ha sido utilizada por el PP como munición electoral. Y más todavía en el periodo actual, ante unas disputadas elecciones.

El último ha sido el comunicado de la Intervención catalana donde dan algunas claves del dosier que preparan sobre las ayudas concedidas por el Govern. En este sentido, aclaran que no existe «posibilidad de coincidencia en las facturas aportadas por los beneficiarios para justificar las subvenciones otorgadas por la Generalitat de Catalunya y por otras administraciones públicas, porque las ayudas de la Generalitat de Catalunya son ayudas sin costes subvencionables identificables».

Una de las diligencias estaba encaminada precisamente a descubrir si Francis Puig había obtenido sendas ayudas de los gobiernos valencianos y catalán para subvencionar un mismo cometido. Y si en el cómputo global se superaban los 120.000 euros de fraude, límite a partir del cual se supera la infracción administrativa para adentrarse en la esfera penal.

Este dinero no está determinado directamente -continúa la administración catalana- «por el gasto en que las empresas hayan incurrido para realizar la actividad subvencionada, sino que se establece según módulos, referidos a indicadores de actividad entre los cuales no se contempla el gasto realizado». Por ejemplo, entre ellos figuran la audiencia potencial, horas de emisión de los programas y número de trabajadores.

Las semanas anteriores también han traído noticias positivas para los investigados. Por un lado, la anulación de la prórroga de la investigación que había acordado el juez. El propio instructor anuló su primera resolución porque por un error del juzgado en las notificaciones no se había dado traslado de un escrito de la Fiscalía Anticorrupción a las defensas. Luego, volvió a dictar la prórroga. Pero las defensas buscaron el amparo de la Audiencia porque este segundo acto se había dictado fuera de plazo. La Sala les dio la razón. La consecuencia de esto es que no se puede practicar ninguna diligencia nueva más allá de las acordadas inicialmente.

A continuación, el juez dio carpetazo al caso para el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. Su defensa entendía que ya no podía declarar y, por tanto, no se puede procesar a alguien sin que haya comparecido como investigado. Aparte, el juez entendía que no existían indicios de criminalidad en la actuación del dirigente de Compromís.

El escenario, no obstante, no resulta tan claro como expone la defensa de Trenzano. La declaración sí que se acordó en su día. De hecho, varios medios de comunicación se hicieron eco de la decisión judicial. Tenía fecha y hora la comparecencia. Era el 10 de diciembre a las 9.30 horas de la mañana. Pero se suspendió al igual que ocurrió con la primera de Francis Puig. No se puede concluir que fuera una diligencia sin acordar sino que sí se decretó su práctica. Y, por tanto, ahora pese a la anulación de la prórroga sí tendría cobertura legal para practicarse, sostienen fuentes judiciales que ven argumentos para que el recurso prospere.

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