El juzgado ordena al Ayuntamiento de Morella que entregue al PP todos los contratos con Francis Puig

El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón ha dictado una diligencia por la que da un plazo de cinco días al Ayuntamiento de Morella para que entregue a la diputada del PP valenciano y secretaria general de ese partido, Eva Ortiz, todo el expediente relativo a las contrataciones realizadas por ese consistorio con las empresas de Francis Puig desde el año 1991. La dirigente popular había presentado un recurso por vulneración de derechos fundamentales ante el TSJ valenciano.

La diligencia atiende el recurso presentado por la dirigente popular contra el consistorio que dirige Rhamsés Ripollés, en virtud del auto de inhibición dictado por la sección 4 de la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal valenciano. Por ese motivo, requiere «con carácter urgente» al citado ayuntamiento para que «en el plazo de cinco días a contar desde la recepción del requerimiento -que tiene fecha de ayer lunes- remita el expediente, acompañado de los informes y datos que estime procedentes«.

La diligencia dictada por el juzgado de Castellón insta al consistorio morellano -localidad natal del hermano del presidente de la Generalitat y donde tienen su sede las empresas de comunicación que dirige- a remitir la documentación a todos los interesados, «emplazándolos para que puedan comparecer como demandados ante este órgano judicial en el plazo de cinco días».

A principios del pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Morella ya negó al PP de esa localidad documentación relativa a los contratos concedidos a las empresas de Francis Puig. En aquella ocasión, el consistorio alegó el elevado volumen de información solicitado para negar esa documentación -se pedía sólo desde 2015- porque podría «obstaculizar el funcionamiento normal de los servicios administrativos» del ayuntamiento.

Las empresas de Francis Puig se encuentran en el centro de la polémica por su vinculación con el denominado cartel de las productoras, investigadas por haber recibido miles de euros en ayudas de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón desde la llegada del Botánico al poder. Un caso sobre cruce de facturas y trabajos presuntamente no realizados por los que, sin embargo, sí que se habría cobrado una subvención pública.