El caso Azud, un galimatías que dura ya seis años

La investigación de Azud nace de un anónimo a la Agencia Tributaria: «Hacienda somos todos, unos más que otros», comenzaba. «Aparte del gran gasto ordinario que llevan, amplían posesiones que producen vértigo a los normales que vivimos del sueldo en blanco», recogía el escrito sobre la familia de la alcaldesa. Las especulaciones acerca de quién remitió este comunicado no han cesado desde entonces.

El núcleo principal de estas diligencias consiste en José María Corbín, abogado y cuñado de la alcaldesa Rita Barberá. Un dato llama la atención de los investigadores. El desplome de la facturación de su despacho tras dos décadas de poder del PP. Paulatinamente se comprueba que la sociedad, Corbín Abogados, recibía prácticamente la totalidad de su facturación de empresas adjudicatarias del Ayuntamiento.

El caso más flagrante, por el importe de la supuesta mordida, es el de Acciona. La UCO detalló la operativa por la que la firma de Diego Elum recibe más de dos millones de euros de la empresa adjudicataria del contrato de las alcantarillas. Elum es una amigo de Corbín que en este caso actúa como testaferro. Él traspasa casi 1,8 millones al despacho de Corbín. Las comisiones del letrado rondan entre el 2% y el 3%. Recurre a un 'hombre de paja' para evitar que aparezca él, pero los correos electrónicos entre ambos dejan al descubierto esta sociedad de intereses. La misma empresa también se interesa por obras de la empresa del zoológico (Rain Forest) y actuaciones de la Copa América.

Como contrapartida o simplemente como detalle, la citada empresa no duda en agasajar a los cargos públicos desde 2004 en adelante. Los obsequios más exclusivos, para la alcaldesa. Las pesquisas alrededor del letrado abarcan también un premio de Lotería de Navidad de 2005. Corbín obtuvo cerca de 300.000 euros de aquel sorteo. Pero la Fiscalía sospecha que lo que hizo, en realidad, fue comprar boletos agraciados para blanquear un supuesto dinero negro. La compra de tres viviendas por parte de las hijas de Corbín ha salpicado judicialmente a toda la familia.

Hay un nombre que en esta primera fase de las diligencias llama la atención a medida que la UCO profundiza en las pesquisas. Se trata de Jaime Febrer, un empresario hasta ese momento poco conocido para los medios de comunicación. También desde su empresa se efectúan pagos a Corbín en operaciones en las que supuestamente debe participar el Consistorio. Es entonces cuando aparece la operación denominada «colegios», uno de los puntos capitales del sumario. Se trata de unas parcelas de Valencia entregadas al empresario Jaime Febrer para que este saldara una deuda –30 millones– del Ayuntamiento con congregaciones religiosas tras una sentencia del Tribunal Supremo.

Existen informes que cifran en 14 millones el perjuicio causado al Consistorio. También responsables del Ayuntamiento han declarado lo extraño de esta operativa o cómo la operación no se recogió en la contabilidad. Sin embargo, la Audiencia ha dado un varapalo a esta investigación. El tribunal estimó un recurso de las defensas acerca de una pericial encargada a una cátedra de la Universitat de Valencia para que cuantificaran el quebranto causado. Rechazó esta opción y, en realidad, cualquier otra, acerca del análisis de los hechos. Apuntó incluso a los riesgos de una investigación prospectiva. Las defensas interpretan esto como un enorme agujero en el relato incriminatorio.

En este asunto, el de los colegios, es donde surge la imputación de otros dos personajes clave. Por un lado, Alfonso Grau, vicealcalde, mano derecha de Barberá y supuesto artífice de toda la financiación ilegal del PP de Valencia en las elecciones de 2007 y 2011. Los investigadores apuntan su participación en varias tramas urbanísticas para favorecer al empresario. Cobró por los colegios «no menos de un millón de euros». Aunque los ingresos por esta vía podrían doblarse. Él era pieza esencial para activar los resortes que permitieran concertarse en favor de Febrer. Al igual que Corbín, la familia del político también se ha visto implicada. Se investiga su patrimonio en Estados Unidos, donde reside una de sus hijas.

En paralelo, se descubre otra comisión, esta más sorprendente si cabe porque Rafa Rubio, ideólogo del PSPV en el Ayuntamiento era, además, uno de los arietes políticos contra el PP. A Febrer comienzan a inquietarle determinadas manifestaciones de Rubio sobre un proyecto urbanístico que le proporcionaría amplias plusvalías. Aprovechó sus contactos para reunir en un restaurante de Valencia al propio Rubio, Pepe Cataluña, un histórico de las finanzas del PSPV, y José Luis Vera, un abogado vinculado estrechamente a la organización socialista. Toda esta reconstrucción parte de la agenda de Febrer. Fue allí, donde supuestamente se pactó la comisión de 300.000 euros. Esto coincide con paulatinos ingresos en efectivo en las cuentas de Rubio y su esposa.

Las notas de Febrer ponen sobre la mesa otro nombre esencial en la trama. El de Pepe Cataluña, el hombre clave de las finanzas del PSPV. El registro en su domicilio arroja datos reveladores para los especialistas de la UCO. Por ejemplo, sospechan del amaño de obras en el trasvase Júcar Vinalopó. En realidad, de todas las de la transferencia hídrica. Una vía de obtener fondos con los que canalizar -o no directamente- recursos para el partido.

Una anotación en una de sus 'moleskine' también activa las alertas en Presidencia. El nombre de Ximo –sin apellidos ni más concreciones– aparece vinculado a determinadas empresas valencianas. Destacan, precisamente, por tratarse de relevantes mercantiles con numerosos dígitos de facturación. Por ejemplo, 'Ximo' figura junto a empresas como Iberdrola, Vossloh –la fábrica de Valencia fue comprada por Stadler–, Transvia -vinculada también a otros asuntos de corrupción con el PP– o el nombre del empresario Luján.

La UCO sitúa a Cataluña en la cúspide de la financiación ilegal del PSPV durante las campañas de Carmen Alborch, Joan Ignasi Pla y María Teresa Fernández de la Vega al Congreso de los Diputados. El cabecilla de la trama Jaime Febrer costeó parte de esos eventos electorales. Otras mercantiles sufragaron, al parecer, actos de las elecciones nacionales de 2008, donde la candidata por Valencia era María Teresa Fernández de la Vega.

Los especialistas sospechan que Cataluña canalizó un millón de euros al partido socialista. Pero no todo se ha podido acreditar que repercutiera en las cuentas. Al menos 300.000 euros sí se pagaron en B, actividad a la que contribuyó también el empresario Javier Luján. Esta cantidad habría sido costeada a través de diferentes empresas, entre ellas uno de los socios de cabecera de Febrer, la empresa Gigante.

Por último, pero ligado también a Acuamed, destaca la investigación sobre el PAI del Espartal. Un negocio urbanístico en Xixona en el que Febrer necesitaba garantizar la existencia de recursos hídricos para su desarrollo. El abogado Vera presuntamente recibió remuneración por esa gestión, mientras aún se investigan negocios en Bétera, un PAI con campo de golf, y proyectos en Pego.