El día que Benavent pretendía recuperar su pasaporte con la excusa de irse con una ONG a Centroamérica

Hubo un episodio, a finales de 2020, que ahora, justo 24 horas antes de que se celebre una vista para reclamar su ingreso en prisión, cobra especial relevancia. En aquel momento, todavía inmersos en plena pandemia de Covid, Benavent se dirigió a Tierra de Esperanza, una ONG de la localidad de Xàtiva. Al frente estaba y sigue estando Diego Moya. «Teníamos proyectos en Perú, Guatemala, El Salvador... Se trataba fundamentalmente de evitar que los jóvenes se vincularan con bandas», resume su actividad.

Benavent acudió a la sede cubierto con un pasamontañas. «Iba todo tapado», recuerda Molla. Algo que no resulta tampoco extraño teniendo en cuenta que el exgerente de Imelsa es una persona conocida en la capital de La Costera y cuya actuación inicial despertó el lógico odio entre los perjudicados.

«Parecía que venía con toda la buena fe de colaborar», señala el responsable. La insistencia, sin embargo, pronto despertó las sospechas del encargado de la entidad sin ánimo de lucro. «Quería que presentáramos un proyecto por escrito para que él pudiera mostrarlo en el juzgado». Ese era el primer paso para demostrar su supuesta buena voluntad de ayudar a países en vías de desarrollo. Pero cuando esta posibilidad se vio agotada ante la negativa de Tierra de Esperanza no encontró el mismo ímpetu para concentrarse en otros proyectos locales. «Se lo propuse, pero no quiso», recuerda Moya. «Pienso en grande», le respondió el exgerente.

Este miércoles se celebra una vista en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia para resolver acerca de la petición de la acusación popular de Acción Cívica de que Marcos Benavent ingrese en prisión provisional. La organización entiende que ahora, una vez el procesado ya no colabora con la Justicia y trata de desmontar la investigación, existe un evidente riesgo de fuga.

Anticorrupción, por su parte, también deberá asistir a la vista. Se ignora qué posición adoptará. Podría sumarse a la solicitud de Acción Cívica o reclamar otras medidas cautelares menos gravosas. Parece complicado, de entrada, una orden de ingreso en prisión porque Benavent siempre ha estado a disposición de la Justicia, aunque haya variado su relato en el último año.

Acción Cívica considera que el cambio de letrado, el pasado mes de octubre, supone una alteración evidente de las circunstancias que rodean al exgerente de Imelsa. Desde la llegada del abogado Juan Carlos Navarro a su defensa, Benavent modificó el relato y sostuvo que los audios que durante años él grabó a amigos y políticos para registrar las corruptelas del PP estaban manipulados. Nunca ha indicado de qué forma.

Además, insistió en que recibió presiones por parte de la UCO y que, al final, sus declaraciones solo pretendían acusar por acusar. En el juicio que estos días se celebra en la Audiencia de Valencia por una de las numerosas piezas del sumario ha llegado a declarar que le aconsejaron que hiciera esto muy grande, en referencia al sumario, implicando a cuanta más gente mejor y así no iría a la cárcel. En esta supuesta estrategia colaboraría la Fiscalía y su anterior letrado. Este último, Ramiro Blasco, ha anunciado una querella por estas manifestaciones. La acción judicial carece, salvo sorpresa mayúscula, de recorrido.