Benavent insiste en su estrategia y pide que declare la consellera Pérez Garijo por los pendrives del caso Imelsa

Un paso más en la novedosa estrategia de Marcos Benavent para tratar de desmontar el sumario de Imelsa. Su letrado ha solicitado la declaración como como testigo con garantías de investigada –podría rechazar contestar algunas cuestiones– de la denunciante del caso y actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, por los pendrives que aportó al inicio de la fase prejudicial y que luego derivaron en la apertura de una investigación secreta en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia.

El letrado solicita esta modalidad de comparecencia porque la consellera, en su día denunciante del caso Imelsa, ya tuvo que declarar como investigada. Sin embargo, sólo lo hizo ante la Guardia Civil, nunca en sede judicial. Esa imputación policial por la contratación irregular de asesores en la Diputación nunca terminó de confirmarse en el juzgado.

Las memorias contenían supuestamente las grabaciones que durante años realizó el exgerente de Imelsa, hasta hace unos meses colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, para protegerse en caso de que su futuro judicial se complicara, tal y como ha ocurrido. En esos audios registró supuestas prácticas delictivas que beneficiaban a Alfonso Rus y el PP de Valencia, entre otros. En definitiva, supuestas pruebas del amaño de contratos a cambio de comisiones y de un entramado de cajas B de los populares.

El abogado de Benavent -cambió de letrado para emprender esta nueva línea de defensa- sospecha de la custodia y posible manipulación de los aparatos. Garijo aportó un pendrive y posteriormente Mariano López, el suegro de Benavent, añadió otra memoria externa a la Fiscalía Anticorrupción. Pero, al parecer, en las diligencias en el juzgado sólo figura uno de los pendrives. López fue otro de los iniciadores del proceso que finalmente terminó detenido e imputado por el cobro de comisiones

«Es un dato objetivo, que se aportan dos pendrives en fiscalía y sólo recibe un pendrive el juzgado. Desconocemos si contienen la misma información, o uno es copia del otro, o de cual de ellos se ha obtenido la documentación que ha servido para iniciar esta investigación, si ha habido omisión de información, si se han eliminado documentos...».

La defensa del exgerente de Imelsa desconoce qué ha ocurrido con uno de los pendrives desde 25 de setiembre hasta el día 1 abril de 2015, ni tampoco que es lo que ha pasado con el otro pendrive. Por todo lo anterior considera imprescindible que se requiera a la Guardia Civil para que aporten al juzgado todo este material «para el análisis por técnico informático» que dirá esta defensa.

El exgerente de Imelsa aseguró en su última comparecencia judicial que las grabaciones fueron «malintencionadas y manipuladas» por él mismo, que las editó con su ordenador y varios móviles, y ayudado por su exfamiliar. También declaró que el registro del despacho de su primer abogado le dejó indefenso y desconocía qué documentación se entregó a la UCO. Esta vía favorecería una nulidad en el caso Zaplana ya que el asunto nace de esa diligencia. Benavent admitió en su último giro de guión que provocaba «al interlocutor lo que yo quería saber, llevando la conversación a lo que a mí me interesaba en cada momento».

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