Bonig insta a tramitar las sanciones por el coronavirus a un Consell colapsado por aluvión de multas

Las 3.000 personas que incumplieron este fin de semana las restricciones que impedían salir de las grandes ciudades de la Comunitat deberán recibir el aviso para el pago de esa sanción antes de seis meses, en el caso de que sean leves (apercibimiento o multa de entre 60 y 600 euros). La presidenta del PP, Isabel Bonig, sospecha que muchas de esas sanciones se perderán en el marasmo burocrático, por lo que la capacidad de escarmiento se diluirá, de tal modo que el efecto de la sanción será inexistente. Bonig ha advertido esta mañana que las medidas restrictivas «no valen de nada si no hay una gestión detrás, en todos los sentidos, especialmente sanitaria», y en ese marco, el de la gestión que corresponde al Consell, incluye la tramitación de las más de 3.000 sanciones impuestas durante el fin de semana. Se van a tener que poner a la cola, porque desde julio se han registrado 76.000 propuestas de sanciones que han de ser tramitadas por la Generalitat, de los cuales se ha iniciado la tramitación de casi 3.600.

«La Comunitat fue de las primeras en imponer el cierre perimetral, pero por muy duras que fueron las medidas algo ha fallado, porque Navidad se ha celebrado en todas partes pero aquí se han registrado más contagios que en cualquier otro sitio. No digo que haya un modelo perfecto, pero hay un descontrol en cuanto a la criba, la trazabilidad, no hay medidas sanitarias... ¿Es que no sabían que si hace buen tiempo hay gente que va a la Malvarrosa? ¿Qué ocurre si organizas una la cabalgata de Reyes? ¿Qué pasa si convocas exámenes universitarios? Es una cuestión de gestión, previsión, y en lo referente a las sanciones, por supuesto deben haber multas a los infractores, pero hay que tramitarlas, deben materializarse para que la gente entienda que las leyes están para cumplirlas«, ha reclamado Bonig durante una comparecencia acompañada por la dirigente del PP en la ciudad de Valencia, María José Catalá.

Tanto Bonig como Catalá han lamentado las informaciones que ha generado la situación de la antigua Fe, el hospital donde teóricamente debían derivarse pacientes leves pero que sufre carencias en las infraestructuras que han acabado conociéndose tras la difusión de una carta anónima donde se enumera la penosa situación del recito. Bonig ha explicado que al PP también llegó esa carta y que se puso en conocimiento el contenido de la misma en los juzgados así como en la Sindicatura de Greuges.

Desde el Consell se confirma que es la Conselleria de Justicia la encargada de tramitar todas esas sanciones vinculadas con el incumplimiento de restricciones vinculadas con la pandemia. Fuentes del Ayuntamiento de Valencia han señalado que las sanciones interpuestas este fin de semana por sus agentes motivadas por saltarse el confinamiento se derivarán el departamento de Bravo. «La izquierda es muy aficionada a multar, pero luego no las aplica», señala Bonig.

En la primera oleada, Justicia no interpuso sanciones, sino que fue una gestión realizada a través de la Delegación de Gobierno. Fue a partir de julio cuando la Conselleria de Justicia asumió esta competencia. Desde entonces, han llegado a la conselleria 76.000 notificaciones que, no obstante, no se tramitan como una multa de la Guardia Civil. «Es una sanción administrativa, un procedimiento, un proceso largo. La Generalitat te lo notifica y puedes alegar de tal modo que no se resuelve hasta cerca de un año más tarde. Hay plazos que cumplir», explican desde la Conselleria de Justicia, que está preparando un plan de choque tras triplicar el personal de un servicio que hasta la pandemia tenía que tramitar apenas 300 sanciones anuales y que en menos de medio año ha recibido 76.000 propuestas, con 3.576 expedientes iniciados, 610 finalizados, de los cuales se han cobrado 513.

El procedimiento administrativo de cada propuesta de sanción es el siguiente, según la Conselleria de Justicia: En el momento en el que llega la denuncia, se hace una Actuación Previa (AP) que es el inicio de la tramitación mediante el registro en el programa informático que, posteriormente, iniciará la apertura del expediente sancionador. Entonces se envía al presunto infractor un acuerdo de inicio −que puede aceptar o no− y que, en caso afirmativo, supone un descuento de hasta el 40% del importe de la multa por pronto pago. En el caso de que sea negativo, se pueden presentar alegaciones en un plazo de diez días hábiles y que han de ser resueltas en por la Administración en un plazo de seis meses. Esta decisión también puede ser alegada de nuevo, para lo que se establece otro plazo de diez días, tras el cual, la administración debe resolver en, como máximo, seis meses. Transcurrido este plazo y si las alegaciones son desestimadas, los presuntos infractores aún pueden poner un recurso de reposición y, en última instancia y si éste es desestimado, acudir a los tribunales mediante un contencioso-administrativo.