El Botánico cambia la ley para nombrar a dedo a los directivos

del sector público

La Ley de Acompañamiento es siempre una caja de sorpresas que revela planes poco conocidos del Consell de turno. Una especie de cajón desastre en el que colar modificaciones a otras normas de una manera más discreta. Y la Ley de Medidas de este año no es una excepción. El Gobierno valenciano cambiará el decreto que regula los nombramientos del personal directivo del sector público para adaptarlo a sus necesidades. Es decir, para poder elegir a dedo tanto a los directores como a todo su personal directivo.

Para ello, añadirá una nueva disposición adicional en la que se detalla que todo el personal directivo del sector público instrumental de la Generalitat pasará a ser considerado cargo público y será nombrado por el propio Consell, a propuesta de la persona titular de la conselleria de adscripción del ente. Es decir, el Gobierno tendrá vía libre para nombrar directamente a todo el personal con contrato de alta dirección del sector público sin necesidad de hacer un proceso selectivo con bases reguladoras, publicidad y concurrencia. A partir de la aprobación de la Ley de Acompañamiento que modifica el decreto de estos contratos, los nombramientos se producirán del mismo modo que se llevan a cabo los de los altos cargos del Gobierno valenciano. Pero los directivos del sector público no tendrán este rango, sino que serán cargos públicos y no se regirán por la Ley de Gobierno. En esa situación están casi 80 personas entre directores y personal directivo.

Hasta la fecha, este personal se nombraba en los consejos de dirección de cada empresa pública. La idoneidad de los seleccionados se basaba en criterios de solvencia y experiencia en el desempeño de puestos en la gestión pública o privada relacionada con la función designada. Los procedimientos tenían que tener unas bases y ser comunicados, al menos a través de la web de la entidad. Un procedimiento casi opaco. El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) daba cuenta del ganador del puesto y de si era cesado, pero no del proceso, que en todo caso debía de producirse. O al menos, parecer que se producía. De hecho, los partidos siempre aprovechan los puestos del sector público para hacer nombramientos de afines y militantes de los partidos que no han encontrado acomodo en el Gobierno.

Desde Sector Público defendieron ayer que la medida no tiene mayor interés que el de regularizar y estandarizar la designación de todos los directivos, que hasta ahora tenían condiciones distintas. Aseguran, además, que dará más transparencia a los procesos. Pero lo cierto es que el cambio legal abre la puerta a los nombramientos discrecionales. Una situación de la que viene alertando la Intervención de la Generalitat en sus informes de auditoría en numerosos nombramientos.

Uno de los primeros de la legislatura fue el del exdirectivo de Ferrocarrils de la Generalitat, Francesc Romeu, cuyo nombramiento, fue denunciado por un sindicato. También el de otro directivo de la entidad, Manuel Jardí, fue polémico y llegó al juzgado –aunque un juez lo acabó validando por su experiencia–, o el del adjunto al director de la Sociedad Proyectos Temáticos, Rufino Selva, cuyo nombramiento fue señalado por Intervención. Casi todos militantes del PSPV.

Pero también los nombramientos del personal directivo de À Punt han sido polémicos. El último advertido por un informe de auditoría de la Intervención Genera, el del exsubdirector de Comunicación, Josep Moreno. Según el órgano fiscalizador, no se hizo ningún proceso de selección y se vulneró de esta manera la Ley 6/2016, de 15 de julio.

Además de estas irregularidades, los nombramientos de los altos directivos han permanecido casi ocultos incluso para el Consell porque se hacían con opacidad. Pero ahora los consellers de los que depende cada ente deberán no sólo conocer a los nombrados, sino defender su propuesta en el pleno.