El Botánico sustituye el Consell de Transparencia por otro más caro, dependiente y con menos prestigio

El PSPV se resistió durante más de medio año a unos cambios que, según explica la oposición, sin mucha réplica por parte del tripartito, propiciarán que el organismo se encarezca (aumenta su coste), sus miembros pierdan su autonomía (se establece una exclusividad que, por tanto, les obliga a depender de ese salario) y se imposibilite que los consejeros cuenten con el prestigio de los actuales (gran parte de ellos son catedráticos universitarios y juristas de nivel, que cobran dietas y que no renunciarán a sus principales ingresos).

La parte buena, según el bloque de la izquierda, es que el consejo ganará en eficacia; es decir, que tendrán capacidad para emitir más resoluciones. Prima la cantidad frente a la calidad. La actividad de la entidad no sólo se encarece. Además, se eleva el coste, pero no se pagará en consonancia a lo que se les va a pedir a los nuevos consejeros, tal y como han reconocido desde el Botánico. De nada ha servido la resistencia de los socialistas a esta modificación, que ha pasado el trámite de la comisión y en los próximos meses se aprobará en el pleno de Les Corts.

El PSPV finalmente dobla la rodilla porque esta modificación es un empeño de la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, convencida de la bondad de un cambio que han criticado ferozmente desde la bancada de PP y Cs. Frente a los reproches de la oposición en este tema, poco han podido decir los diputados de Compromís y el PSPV, que han cedido frente a la pretensión de la consellera y líder de EU.

Fuentes del Botánico aseguran que la luz verde a esta ley fue uno de los elementos que Pérez Garijo puso sobre la mesa a la hora de negociar los presupuestos de la Generalitat para este año. Y así, por arte de magia, el argumentario socialista para preservar el modus operandi del actual Consell de Transparencia se metió en un cajón. La oposición ha heredado esos razonamientos. Sin éxito. El tripartito (PSPV, Compromís y Unides Podem, la fusión entre EU y los podemistas) ha impuesto su mayoría.

La modificación se produce con el pronunciamiento en contra de los actuales miembros del Consell de Transparencia, que ya han advertido de los perjuicios para el organismo. Sin embargo, tal y como el presidente del organismo, Ricardo García Macho, ha explicado en alguna ocasión, el Gobierno valenciano no ha potenciado la actividad de este ente. De hecho, según ha reprochado el diputado popular Fernando Pastor al Botánico, ni siquiera se les ofreció opinar cuando se ideó el cambio en el funcionamiento.

La modificación consiste básicamente en que el Consell de Transparencia pasa de cinco miembros a tres. La terna tendrá rango (sueldo) de director general (60.110,42 euros el año pasado) y exclusividad. El organismo continuará siendo dependiente del Ejecutivo valenciano. La idea es profesionalizar la actividad de los consejeros. La práctica es distinta, tal y como advertía el PSPV y ahora mantienen PP y Ciudadanos.

¿Por qué? Porque el sueldo y la exclusividad limita de manera poderosa el perfil de los candidatos a ser consejeros. Adiós a los catedráticos que actualmente ocupaban estos puestos por un coste mensual tres veces menor al que supondrá la nueva situación. Adiós también a juristas de alto nivel. Fuentes vinculadas a la abogacía señalan que los profesionales con una actividad notable están en márgenes salariales mucho mayores a estos salarios. Hay un dicho que advierte de que, cuando repartes cacaos, a tu alrededor aparecen micos. Y más cuando la actividad de este organismo es cada vez mayor. Eso justifica la exclusividad, según el tripartito.

Sin embargo, los socialistas preferían, y así también lo hace ahora la oposición, que se contase con una oficina técnica de apoyo a los consejeros, con el fin de mantener las opciones a que los candidatos tuvieran perfiles menos limitados de aquellos que, probablemente, acabarán optando a esos puestos a partir de ahora.

Si la exclusividad que se va a establecer se suma a que no ha fructificado la idea de que el Consell de Transparencia (que vigila principalmente las actuaciones del Gobierno valenciano) deje de depender del Ejecutivo y lo haga de Les Corts, la autonomía del organismo queda seriamente en entredicho. Se profesionaliza, sí, pero el precio es rebajar la categoría de los posibles aspirantes, atarlos a un salario y mantener su vinculación al Consell, que es al que deben controlar. «Lo convertimos (al consejo) en un lacayo del poder, la dedicación exclusiva pone vetos a destacados juristas del mundo universitarios y a profesionales de la abogacía de alto nivel. Es incomprensible que se toque lo que ahora funciona», ha lamentado la diputada de Ciudadanos, Mamen Peris.

Para rematar la peculiar manera en que evoluciona la gestión de la transparencia en el Botánico, el tripartito ha registrado un importante número de enmiendas transaccionales a última hora, pocos minutos antes de iniciarse la comisión, por lo que no todos los grupos sabían qué iban a votar ni por qué ni en qué consistían esas modificaciones a una ley que Pastor ha calificado de «chapuza».