El Botánico desoyó desde 2019 los informes de los inspectores sobre su sector público

La trayectoria del Botánico, por ejemplo en lo relacionado con las plantillas, es un ejemplo perfecto para entender el porqué del mal funcionamiento del sector público sobre el que el nuevo Consell ha puesto la lupa. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado una extensa auditoría. PP y Vox pondrán en marcha en Les Corts una comisión de investigación sobre la crónica de un compendio de irregularidades anunciadas y advertidas durante años.

La izquierda aterrizó en el Consell echando pestes del desorden laboral del SPI, de la ausencia de relaciones de puestos de trabajo en cada ente, del caos salarial… y se fue dos legislaturas después con una hoja de servicios desconcertante. La Comisión del Diálogo del SPI firmó seis acuerdos en cinco años sobre regulación de las plantillas sin que se cumpliera ni uno. El coste del personal se disparó un 47%, pasó de los 400 millones de 2015 a prácticamente 600 millones el último año de gestión íntegra del Gobierno tripartito. Y para cerrar, se registró una situación paradójica pero muy alegórica: la Sociedad de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) presentó a pocos meses de elecciones una propuesta de confección de plantilla compuesta por 1.772 puestos de trabajo, un millar más de lo acordado en 2019, cuando se puso en marcha la SGISE.

Febrero de 2017. Fecha del primer informe de la IGS relativo a los contratos menores y los gastos de caja fija en la Generalitat y el sector público, un análisis del último año de gestión del PP, con todas las debilidades ya expuestas, y los riesgos que era necesario controlar. ¿Qué ocurrió?

Dos años después, otro informe de la IGS, esta vez ya sobre cómo se estaba trabajando en el sector público bajo la dirección del Botánico, especialmente en términos de contratación. En enero de 2019 la Inspección emite un dictamen sobre el (escaso) grado de implantación de las auditorías internas en las entidades del SPI, además de analizar datos reales y comparativos sobre su funcionamiento y metodologías.

El 77% de las sociedades de la Generalitat adjudicaba en ese momento, en la segunda mitad de la primera legislatura del Botánico, sin hacer un plan anual y el 90% ignoraba los posibles conflictos de intereses. El 60% de las empresas públicas que, por ley, tenían la obligación de contar con auditor carecían en aquel momento de esta figura de control exigida por una norma autonómica vigente desde 2015.

En mayo de 2022, los inspectores reiteran la baja planificación contractual, así como la desigual implantación de métodos y herramientas que permitan gestionar los contratos de manera racional.

Un ejemplo palmario de la situación vivida en el sector público es la Sociedad de Proyectos Temáticos. El Botánico llegó prácticamente encendiendo el lanzallamas para calcinar esa entidad. Sin embargo, fue reconvertida, y ya en 2018 se decidió establecer reuniones entre varias consellerias con el fin de revisar los criterios de adjudicación de los contratos menores, especialmente en lo vinculado al Distrito Digital de Alicante, que despertó recelos entre los socios del Botánico. Ciegsa también se quería eliminar, pero ahí sigue, porque el Botánico se dio cuenta de que, si quería agilizar la gestión de los contratos, lo mejor era esquivar los controles de la Administración ordinaria y derivarlos a través de un sector público que, de tan ágil, a veces es peligrosamente ágil.

El Botánico hizo bandera de la potenciación de los instrumentos y organismos para dotar de transparencia, fiscalización y control a la Administración valenciana. Ciertamente, se crearon muchos (Conselleria y Consell de Transparencia, potenciación de la IGS, incremento de los interventores, creación de la Agencia Antifraude, que se sumó a la Sindicatura de Comptes) hasta bordear la duplicación. Sin embargo, el caso que recibieron los informes emitidos por todo este compendio de instrumentos de control fue muy relativo.

Los informes de Intervención de la Generalitat señalaban también debilidades en los modos de contratación, en la ciberseguridad, así como en la confección de las plantillas. Las advertencias fueron constantes entre 2018 y 2021, pero el rumbo no se corrigió. «El 92% del sector público no contrata de acuerdo a la ley», lamentó Mazón el martes, cuando anunció la auditoría sobre aspectos como las adjudicaciones a dedo alcanzan los 713 millones de euros a dedo: «Esto fue la barra libre del Botánico».

El sector público está compuesto por tres organismos autónomos, cinco entidades públicas empresariales, 11 entidades de derecho público, 12 sociedades mercantiles, cinco universidades públicas, 11 fundaciones y seis consorcios: 53 entidades. Sólo ocho de estas encontraron el visto bueno de la Intervención.

La Bersuit Vergarabat avisa en una canción: «Hay muchas ventanillas para pagar los platos rotos de esas noches de gloria». Mazón anunció esta semana la apertura de las ventanillas. Informes de hace un lustro ya advertían de la elevada factura cargada sobre los valencianos después de tanta fiesta.