El Botánico rebaja sus propuestas y pacta con PP y Cs el plan post-Covid

Tras dos meses de deliberaciones en la comisión de reconstrucción constituida en Les Corts, finalmente, ayer, se alcanzó un acuerdo entre todos los partidos, excepto Vox, para firmar un documento conjunto. Dos meses para elaborar un texto inicial que al bloque de la derecha no le cuadraba. Dos semanas negociando. Y dos horas finales de tira y afloja para llegar a un entendimiento cuyo principal escollo era una palabra: «Externalización». El diablo está en los detalles, dicen los ingleses, y en el caso del consenso entre los grupos del gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y los del PP y Ciudadanos, se fueron limando asperezas hasta culminar en una, la de la externalización de actividades vinculadas con los servicios públicos. Al final, con muchos matices y miramientos, se alcanzó un acuerdo, para lo cual, la derecha tuvo que renunciar a muchas iniciativas, al igual que el Botánico, que era el que contaba con la mayoría para aprobar ellos solos el texto, pero querían que se presentase ante la sociedad valenciana como un documento, una hoja de ruta, con un amplio respaldo. De tal modo que el bloque de la izquierda tuvo que renunciar a que en el recetario post-Covid apareciese explícitamente la idea de subir impuestos, así como de revertir algunas concesiones sanitarias muy concretas.

En la primera sesión del pleno, el último antes de vacaciones, se presentó el dictamen de conclusiones a las que el Botánico ha aceptado 99 enmiendas (32 del PP, 59 de Cs, siete de PP-Cs y una de PSPV, Compromís y PP) y han consensuado 64, ninguna de las presentadas por Vox.

El documento se debe aprobar mañana, pero hoy ya se emite el voto a distancia de las señorías que no pueden acudir a la Cámara, por lo que era necesario alcanzar un pacto no exento de reproches. Toni Cantó fue inicialmente muy contundente a la hora de afear a los socios del PSPV sus reticencias ante las colaboraciones público-privadas. El tono del líder de Ciudadanos caldeó bastante los ánimo, por lo que llegó a pedir disculpas. Podemos fue el miembro del tripartito que mostró más resistencia a ceder terreno en el documento.

El PP acusó al Botánico de no haber hecho autocrítica de su gestión, así como de omitir actuaciones. El diputado popular Rubén Ibáñez esgrimió el contrato de emergencia que un 27 de febrero tramitó Sanidad por valor de 860.000 euros para comprar material sanitario, dos semanas antes de suspender las Fallas o la Magdalena, en aquellos días en los que, según Ibáñez, el presidente Puig y la vicepresidenta Oltra quitaban importancia al asunto («el coronavirus no nos puede amargar la vida», dijo el jefe del Consell), mientras que la propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, omitió esa orden de hacer acopio de material en la detallada (día a día) cronología de su gestión que hizo el 23 de abril en Les Corts, dos meses más tarde.

Aitana Mas, de Compromís, admitió que el resultado final no satisfacía completamente a nadie porque todos cedían, concesiones que también subrayó el síndic del PSPV, Manolo Mata. Mas y Mata demostraron que estaban dispuestos a llegar al pacto sí o sí. El portavoz socialista recordó que con este serán tres, (junto al firmado por la Generalitat con diputaciones y entidades locales y municipales, además del rubricado con los agentes sociales) los acuerdos rubricados en la Comunitat con el fin de aunar fuerzas. Finalmente, según señalaron tanto PP como Ciudadanos, se trata de un «acuerdo de mínimos», una especie de manifiesto de buenas intenciones que sirve, al menos, para demostrar ante la ciudadanía que hay una voluntad de intentar soslayar lo que separa a los cinco partidos y sumar fuerzas en aquello en lo que coinciden con el fin de que la Comunitat salga lo antes posible de la crisis.