El Botánico repartió en los centros de salud mascarillas prohibidas para el uso médico

En la Comunitat Valenciana se adquirieron mascarillas con dinero público que posteriormente se repartieron entre el personal sanitario y que no reunían los requisitos mínimos para proteger a los profesionales de la salud. A pesar de ello, se distribuyeron entre médicos y auxiliares sin madurar si se podía poner en riesgo su vida al mantener un contacto diario con personas contagiadas por el virus.

Este es el caso de unas mascarillas FFP2 que todavía guardan algunos sanitarios como prueba de los desmanes que se ejecutaron durante aquella época. Los centros de salud que dependían del área de La Fe recibieron cargamentos de mascarillas FFP2 donde en la funda de plástico pone claramente una advertencia que no puso en alerta a la conselleria de Sanidad: «Medical use prohibited (uso médico prohibido)». A pesar de todo, el material terminó en los centros de salud del departamento de La Fe. Los productos no reunían los estándares de calidad exigidos para evitar la filtración del virus.

Algunos de los profesionales que las recibieron todavía las guardan en los cajones, sin abrir, de la marca Wildwind, una empresa china que se encuentra en la zona industrial de Beijiang. Nunca se pusieron las mascarillas FFP2 al considerar que no eran seguras para poder protegerse del coronavirus. Las fuentes consultadas aseguraron que estos productos llegaron, al menos, a varios de los centros de salud que dependían de La Fe. La gestión de la pandemia en la Comunitat Valenciana la llevó Ana Barceló desde la conselleria de Sanidad, aunque la compra del material sanitario se llevó a cabo desde el comisionado de la Presidencia creado por Ximo Puig para gestionar las compras durante la pandemia y que el jefe del Consell puso en manos de María José Mira –acaba de dejar la Generalitat para saltar al sector privado–.

Los sanitarios consultados, y que todavía disponen de estos tapabocas, no saben a qué cargamento responde el lote de las mascarillas no aptas para el uso médico y cuántas se distribuyeron finalmente.

En el caso Koldo, además de las posibles comisiones obtenidas por la compra del material sanitario, una de las líneas de la investigación pone el foco en la calidad del material adquirido, como es el caso de las mascarillas. El Govern de Baleares, presidido en ese momento por la actual presidenta del Congreso, Francine Armengol, compró los tapabocas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas Sociedad Limitada, la mercantil que es el epicentro de la trama del caso Koldo. Armengol se ha declarado una víctima más en este caso y aseguró que los contratos fueron avalados por los técnicos, que fueron finalmente quiénes dieron el visto bueno.

Empresas durmientes

El Consell del Botánico también contrató durante la pandemia con mercantiles de escasa trayectoria como Luxury Goods Delivery, una sociedad durmiente que con sólo dos contratos recibió casi 11 millones de euros para adquirir material para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Una firma sin actividad y que, una vez realizó esos pedidos, dejó de trabajar. Una de las primeras operaciones que cerró el Consell de Puig al inicio de la pandemia fue con un empresario chino radicado en Ontinyent, al que se le adjudicó un contrato de 31,5 millones de euros a través de su empresa Comité Textil. Este empresario tuvo que devolver medio millón de euros porque tras auditar el envío la Generalitat pudo comprobar que este empresario no cumplió con la totalidad del encargo y sí que se incluyeron productos que en principio no estaban en el pedido. Además, algunos productos no cumplían con los estándares de calidad exigidos.