Camps arremete contra la Fiscalía por los pactos en Gürtel

Francisco Camps no ha dudado en arremeter contra el ministerio fiscal por los pactos que paulatinamente se van conociendo. Sostiene que la Fiscalía Anticorrupción incumple su propio protocolo para este tipo de acuerdos extrajudiciales. «Las conformidades deben ser un mero allanamiento al escrito de acusación, pero no convertirse en un escrito incriminatorio». Es decir, que aceptar la culpabilidad no puede ser a cambio de aumentar los indicios contra otro de los acusados.

De igual modo, aprovecha para reprochar que la simple declaración de Ricardo Costa en la causa de la caja B fuera suficiente para sumar a Camps a este procedimiento, que además se reabrió por este motivo.

En esta línea, insiste la defensa de Camps, no se puede incluir en la acusación «ninguna manifestación respecto del resto de investigados realizada como consecuencia de la conformidad que se alcance y que exceda del simple y propio reconocimiento de hechos que la acusación atribuya al confeso».

El malestar del expresidente, que expresa en este escrito dirigido a la Sala que juzgará el caso, añade, además, que este tipo de conformidades se deberían negociar en presencia de todas las defensas y no en reuniones individuales. «No se le debe dar publicidad al final sino una vez comienzan las negociaciones», reclama.

El de Correa es al menos el tercer pacto que se produce en este sumario donde la Fiscalía intenta llegar a juicio con el mayor número de procesados 'conformados'. La última en aceptar la propuesta ha sido Silvia Caballer, la que fuera directora general del Libro en la penúltima etapa de los populares en la Generalitat, que será condenada a dos años de inhabilitación. Previamente se había autoinculpado Carmen Quintero, la exdirectora de la Fundación de la Luz de las Imágenes. En su caso, el arrepentimiento se salda con dos años de prisión y el pago de 30.000 euros.

La colaboración de Correa no por esperada resulta menos relevante. El cabecilla de la red delictiva ha admitido un delito de tráfico de influencias (tres meses de prisión) y una multa de 130.000 euros; un delito de falsedad en documento mercantil (6 meses de cárcel y 4.500 euros de multa) y un delito de malversación (un año y medio de cárcel).

Camps se sentará a partir de enero en el banquillo. Se trata del último juicio de Gürtel que está previsto celebrar, si la segunda pieza de los 'papeles de Bárcenas' finalmente se archiva. Las vistas arrancan en enero y se prolongarán casi hasta la precampaña de las autonómicas. Las sesiones del juicio se pueden convertir en auténtica munición política en un periodo de máxima intensidad entre los bloques de derecha e izquierda. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para Francisco Camps por contratar «de forma directa» con una empresa de Correa. El expresidente denuncia una «persecución política» y confía en su absolución como ocurrió en la causa sobre sus trajes.