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Diana Morant, secretaria general del PSPV, trata de cerrar la herida –profundísima según los protagonistas– con Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia y ahora alcalde de Ontinyent.
La estrategia de la también ministra de Ciencia se antoja necesaria ... para reconducir las relaciones con el que fuera su compañero de partido. El estallido del caso Alquería, la supuesta contratación irregular de directivos en la empresa pública Divalterra, forzó la salida de Rodríguez quien en aquel momento incluso se posicionaba como eventual sucesor de Ximo Puig.
La posterior absolución de los acusados sólo hizo que ahondar más en la brecha entre los dirigentes por lo que se consideraba un trato injusto. Rodríguez ya había montado su propio partido y comenzó a ejecutar con eficacia un plan de sabotaje de los socialistas.
Morant, consciente de esa tensión interna y con el propósito de al menos paliar el problema, inició un acercamiento al partido de Rodríguez que ha cristalizado en al menos un par de reuniones, siempre en privado, con el líder de Ens Uneix.
Resultaría complicado, sin duda, que la nueva formación -visto el éxito a medio plazo y los resultados de los últimos comicios- se integrara en el PSPV pese a la estructura, indudablemente más amplia de la que disponen los socialistas. Pero se teme que el partido de Rodríguez, que barrunta incluso presentarse a las próximas elecciones autonómicas, pueda generar importantes agujeros en las bolsas de votantes del PSPV. Esta sangría es la que trataría de taponar Morant de cara a un futuro.
La estrategia, sin embargo, se ha encontrado con la insalvable contundencia de los hechos. Por un lado, las criticas a la reciente moción de censura de Sueca donde el edil de Sueca per Davant -formación vinculada a Ens Uneix- se hizo con la vara de mando tras un pacto con Compromís y un concejal del PP. De esta forma, dejaba al PSPV sin el poder municipal.
Las críticas de la secretaria general no tardaron en recibir respuesta por parte de Natalia Enguix, vicepresidenta de la Diputación y miembro de Ens Uneix. Le recordaron a Morant que ella también pactó para llegar a la alcaldía y que incluso el Gobierno del que forma parte lo ha hecho gracias a un «cheque en blanco» concedido a los nacionalistas.
Es decir, que los acuerdos sólo serían legítimos y democráticos si los protagoniza el PSOE. Unas críticas que, sin duda, han irritado a los dirigentes del partido de Rodríguez. Una formación de vocación municipalista que, por otra parte, no renuncia a seguir 'captando' alcaldes de localidades punteras. Ahora su objetivo es Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva. De igual modo, desde Ens Uneix no han dudado en criticar la parálisis en la acción gubernamental por ejemplo en el desarrollo de la ley de Memoria Democrática.
El otro factor desestabilizador en la estrategia de Morant se sitúa en Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata y líder de los socialistas en la Diputación. Ens Uneix impidió que fuera presidente de la Diputación. Fue una especie de 'venganza' en diferido contra Ximo Puig por el trato recibido en el caso Alquería.
La propuesta que hace apenas un mes presentó Bielsa al PP, un ofrecimiento de pacto que podría llegar incluso a los Presupuestos. Trataba de aprovechar una ventana de indefinición al salir Vox de los gobiernos autonómicos y si ese movimiento generaba consecuencias en el plano provincial. Una vía que ni siquiera Morant había ofrecido a Mazón en su reunión en el Palau de la Generalitat.
De hecho, la secretaria desconocía el plan de su secretario provincial. Pero, además, Bielsa criticó el pago de los honorarios a los acusados -absueltos posteriormente- en el caso Alquería. Un coste que asumirá la Diputación de Valencia y que después reclamará al seguro de Divalterra.
La cifra sobrepasa el millón de euros. Todo este montante saldrá del presupuesto de la Diputación. No se puede olvidar que el PP, ahora socio de Ens Uneix en la Corporación, acusó en su día a los dirigentes socialistas con una de las peticiones de condena más severas, superior incluso a la de la Fiscalía Anticorrupción y la asociación Acción Cívica. Pero el pacto de Gobierno hizo olvidar todo aquello.
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