Camps y Rus afrontan sus juicios con el lastre de los acusados que han confesado

Los dos exdirigentes del PP, imagen de la esplendorosa etapa de los populares en la Comunitat, afrontan, además, una circunstancia común y adversa para sus intereses. Un nutrido grupo de acusados ha reconocido su culpabilidad o tienen previsto hacerlo a lo largo de la vista. Esto les permitirá beneficiarse de una rebaja de pena. Además, muy probablemente con sus testimonios incrementarán los indicios contra los dos protagonistas de la causa.

Camps, de entrada, afronta menos riesgos que su compañero. La Fiscalía le pide una pena de dos años y medio de cárcel por favorecer a la trama de Francisco Correa. Él se muestra convencido de nuevo de su inocencia tras los malos tragos de otras piezas de Gürtel, Fórmula 1, caso Valmor o Nóos. De todos ellos salió absuelto o la causa se archivó antes de llegar a juicio. El expresidente ha iniciado una ofensiva antes de su último calvario, estrategia ya habitual en Camps. El pasado miércoles, durante una conferencia, arremetió contra todos; medios de comunicación, jueces socialista, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

Pero en este juicio todo el grupo de la Gürtel y al menos cuatro altos cargos de su Consell han pactado con Anticorrupción. El expresidente lamenta que estos acuerdos autoincriminatorios se utilicen además en contra de terceros, como es su caso.

Junto al expresidente, en el segundo escalón figuran hasta tres exconsellers del PP: Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera. Ninguno se ha conformado. Para añadir incertidumbre al escenario, los letrados de la Administración de Justicia comienzan una huelga este martes. Una manera de multiplicar el eco de sus reivindicaciones sería, sin duda, forzar la suspensión de uno de estos dos procesos. En caso contrario, las sesiones se prolongarán hasta las elecciones autonómicas. Gasolina para la contienda electoral.

Alfonso Rus tratará por todos los medios de anular los audios que han dado lugar a la investigación del caso Imelsa. La estrategia se basa en eso, más allá que en entrar en el debate de la reforma de la malversación y la rebaja de pena para el expresidente, que se enfrenta a 12 años de cárcel. Al igual que Camps, algunas defensas ya han llegado a pactos con la Fiscalía, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS. Y eso es un hándicap para los principales procesados. El segundo escalón de acusados en este asunto también tiene solera: Marcos Benavent, el exdelegado del Gobierno Rafa Rubio y Máximo Caturla, exconsejero de Ciegsa.