El caos en los contratos del sector público valenciano llega al límite

No es, ni mucho menos, el único caso. Los informes de la Intervención de la Generalitat, y los elaborados por empresas auditoras externas sobre el sector público de la Generalitat correspondiente al año pasado, el último ejercicio de gestión íntegra del Botánico, hacen evidente un volumen de deficiencias, errores o irregularidades que afecta a la mayoría de entidades públicas analizadas que, en su conjunto, gestionan un volumen financiero en el entorno de los 1.000 millones de euros.

De hecho, de las 48 entidades auditadas, hasta 43 reciben la llamada de atención de los auditores, sea por irregularidades, deficiencias o algún tipo de error. El porcentaje viene a ser del 90%. La información al detalle a la que ha tenido acceso este diario señala que de esas 43 entidades en las que se detectan deficiencias, en 27 casos se producen opiniones de auditoría con salvedades, en otras siete hay opiniones con observaciones, y en otras ocho dictámenes desfavorables por los incumplimientos detectados en sus procesos de contratación. Y en una más, la Mancomunidad de Residuos de la Marina Alta, el auditor ni siquiera ha podido expresar una opinión sobre los expedientes de contratación ante la imposibilidad de obtener evidencias suficientes sobre aspectos relevantes de los mismos.

El fraccionamiento de contratos, una práctica expresamente prohibida por la ley de contratos del sector público, es una de las prácticas que figura en los informes de auditoría de algunas de estas entidades. Fraccionar contratos supone que el órgano de contratación divide en dos o más contratos las prestaciones (de suministros, obras o servicio) que por su naturaleza y objeto podrían constituir un único contrato. Una práctica que permite evitar los procesos de licitación pública, que son procedimientos de contratación mucho más largos y farragosos.

Las referencias a fraccionamiento de contratos aparecen en los informes de auditoría de diversas públicas. Uno de ellos es el de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). El informe emitido por la Intervención en colaboración con Grupo de Auditores Públicos (SAP) reseña no sólo aspectos tan llamativos como que la entidad «no dispone de masa salarial autorizada por la dirección general de Presupuestos» y que las retribuciones básicas llegan a estar compuestas de hasta 78 conceptos. También se indica que la entidad está realizando contratos menores, de manera provisional hasta que se apruebe licitación pública, que en su conjunto incumpliría los límites del artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público'.

En su análisis, el auditor también señala que se han realizado contrataciones de suministros que coinciden en su objeto y adjudicatario, y que no consta incorporado al expediente el informe del órgano de contratación justificando de manera motivada que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales previstos para la contratación menor a que se refiere la LCSP. También apunta que la entidad está contratando por periodos consecutivos contratos de servicios sin la realización de un contrato mayor, superando los umbrales cuantitativos del artículo 118.1 y temporales del art. 29.8 de LCSP. 'Ello ha impedido -añade el informe- el cumplimiento de los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponden (art. 99.2 LCSP)'.

En otro informe de auditoría, el del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana correspondiente al ejercicio 2021, ya se señala explícitamente que se habían detectado «operaciones con proveedores cuyo importe acumulado supera el límite establecido por la ley de contratos del sector público para los contratos menores, alcanzando una de ellas el importe de 1.209.266 euros».

En el caso de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital el auditor reseña la inexistencia de masa salarial autorizada por la dirección general de Presupuestos. Pero también alude a un contrato que «o bien la ejecución del contrato se ha iniciado con anterioridad a la aprobación del gasto, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 153 de la ley de contratos, o bien la primera factura es errónea, en cuyo caso debería solicitarse a la empresa adjudicataria el abono del exceso o compensarla con una factura posterior». «No queda suficientemente definido en qué prestaciones se va a materializar la puesta en marcha de Distrito Talento Comunitat Valenciana», se sostiene de otro contrato, en este caso de 1,5 millones de euros.

También hay empresas públicas que ni siquiera publicaron las actas de las mesas de contratación, y otros organismos que han adjudicado contratos cuya documentación no viene ni firmada por los órganos de contratación de las entidades. En la 'lista negra' de entidades públicas que más se saltan a la hora de contratar destacan, entre otras, el IVAJ, la Universitat de Valencia y la Politécnica de Valencia, el Patronato del Misteri d'Elx, la SGISE, o el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, cuyo director, José Luis Pérez Pont, ha sido destituido precisamente por las graves deficiencias detectadas en materia de contratación durante su gestión con el Botànic.