Carlos Fabra recibió en diez años 2,7 millones en efectivo

Investigación exprés a Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón. El juez cerró ayer por sorpresa la instrucción al exdirigente popular. El auto que marca el final de las pesquisas recoge indicios de criminalidad contra Fabra y su familia más cercana por ocultar patrimonio para no pagar a Hacienda. Fue condenado a abonar cerca de un millón de euros por fraude fiscal. Pero tras esto, según las conclusiones de la investigación, Fabra simuló una situación de penuria económica cuando la realidad es que recibía importantes cantidades de dinero de empresarios con los que la Administración que dirigió tenía importantes contratos. Así, en total y durante una década (2007-2017), acumuló cerca de 2,7 millones de euros de ingresos en efectivo.

El núcleo de confianza de Fabra se ha visto salpicado por las diligencias. Así, la mujer del político, dos de sus hijos y un yerno aparecen como parte activa de la trama. Les acompañan cinco empresarios, entre ellos el presidente del Villarreal, Fernando Roig y el responsable de Fagsa, Enrique Gimeno . El juez vincula el dinero entregado por el primer empresario al político como compensación por el patrocinio que Aerocas, la empresa del aeropuerto de Castellón, pagó al Villarreal. En total, algo más de ocho millones de euros, documentación que apareció durante un registro policial. Dieciocho imputados, en cambio, han visto como la causa se archivaba por falta de pruebas o por la prescripción de los ilícitos.

Fabra y su mujer, María Desamparados, «urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales». Simularon una situación de «penuria económica» y contaron con la colaboración imprescindible de sus descendientes. Al margen de los ingresos, Fabra llegó a mover cantidades cercanas a los 26 millones de euros.

Estas irregulares operativas con empresarios y sociedades se camuflaban presuntamente «en algunos casos como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles, aunque eran realizadas a petición de Fabra en consideración a su anterior cargo público. Fabra, al margen de frustrar la ejecución de la condena por delito fiscal, será probablemente acusado de cohecho -dinero entregado por ser cargo público- y por blanqueo al tratar de camuflar las dádivas.

Las operativas son de lo más diversas. En una de las operaciones en las que salió salpicado el empresario Luis Batalla, una mercantil del yerno de Fabra facturó más de 200.000 euros a Becsa por proyectos de construcción en el extranjero cuando carecían de personal y medios y no consta documentación de esos trabajos. Luego, el dinero llegaba a cuentas de Fabra. Tal y como recoge el auto, estos ingresos se justificaban como préstamos, lo que imposibilitaba la actuación de Hacienda. En alguna ocasión, tal y como señala el instructor, se realizaron retiradas de fondos desde una de las cuenta del PP de Castellón. Es tiempo ahora para que la Fiscalía presente su calificación de los hechos.