El cártel de las productoras, que lidera el empresario castellonense Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha logrado prorrogar el servicio de las corresponsalías comarcales de À Punt en Els Ports, Baix Maestrat y Alt Maestrat. La adjudicataria ... es TVCS Retransmisions, la productora de los hermanos Adell Bover, socios de Francis Puig, y que compraron en verano de 2019 esta empresa para poder seguir operando tras la amenaza de sanción a Kriol y Canal Maestrat por pactar precios para ganar concursos -la denuncia la presentó en su día la propia À Punt al detectar movimientos sospechosos en un concurso-.
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A este servicio se presentaron en un primer momento TVCS Retransmisions, Miraelpardalet y Comunicacions dels Ports. Esta última productora es la empresa matriz de Francis Puig, que cuenta con dos mercantiles más: Mas Mut Produccions y Lamp Telecom.
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JC. Ferriol Moya
Tanto Miraelpardalet como Comunicacions dels Ports fueron excluidas del proceso por incluir en el sobre 1 el nivel de conocimiento de valenciano del responsable del contrato. Una información que sólo había que incluir en el sobre 2. Este error llevó a que la mesa de contratación excluyera del proceso a las dos productoras y el camino se quedara libre para la empresa de los hermanos Adell Bover, colaboradores de Francis Puig y sancionados también por la Competencia de la Generalitat por pactar precios para ganar concursos.
En un principio hubo problemas con la oferta presentada por TVCS Retransmisions, porque en todos los apartados fue inferior al 25% al precio máximo de licitación. De esta manera, incurría en presunción de anormalidad. Los hermanos Adell Bover presentaron un escrito y la mesa de contratación dio por buenas las explicaciones a pesar de que la baja podría ser catalogada de temeraria.
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El presupuesto inicial fue de 30.000 euros sin IVA para la temporada 2021. Ahora, para este año, À Punt ha prorrogado el servicio con TVCS Retransmisions por valor de 29.100 euros y 900 euros en 2023. En total, impuestos incluidos el servicio es de 72.600 euros por las dos campañas.
La administración todavía puede contratar con las productoras que integran el cártel porque la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado todavía no se ha pronunciado sobre si estas mercantiles van a ser finalmente sancionadas para no cerrar acuerdos con organismos públicos.
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