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La sanción a Francis Puig y a los Adell Bover por pactar precios para ganar varios lotes de un concurso público de corresponsalías de la televisión pública À Punt, y que se resolvió con el pronunciamiento de la comisión de defensa de la competencia de la conselleria de Economía que acordó en noviembre de 2020 imponer una sanción de 43.000 euros a Comunicacions dels Ports, Canal Maestrat y Kriol Produccions por una «infracción muy grave» del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, constitutiva de cártel, por falseamiento de la competencia, tiene todavía pendiente una segunda parte.
La misma resolución acordaba elevar informe a la Junta Central de Contratación Pública, dependiente del ministerio de Hacienda, para que esta decidiera si, a la vista de los hechos denunciados y la sanción impuesta, las citadas productoras debían ser amonestadas con la prohibición de seguir contratando con administraciones públicas.
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El pasado mes de septiembre la citada Junta Central remitía un escrito en el que explicaba que el órgano dependiente del ministerio de Hacienda alega que no se ha pronunciado porque «no tiene información de la situación de los recursos contencioso-administrativos planteados» por las empresas sancionadas. Dicha información, proseguía, «obra en poder de la comisión de defensa de la competencia (CDC), en cuanto que es el organismo que impuso la sanción». La Secretaría de la Junta de Contratación no ha iniciado el procedimiento de prohibición de contratar «en espera de la comunicación por la CDC de la firmeza de las correspondientes sanciones impuestas que son la causa de la tramitación de este procedimiento». Una explicación que dejaba en una suerte de limbo jurídico esa segunda parte de la sanción.
El PP valenciano pretende evitar que esa situación se perpetúe. La presidenta del grupo popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha presentado un escrito en Les Corts por el que solicita a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado «copia íntegra del expediente administrativo que se haya instruido por la Junta en relación con la imposición de prohibiciones para contratar a las mercantiles sancionadas por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana por su resolución de 24 de noviembre de 2020, que tuvo entrada en dicha Junta en fecha de 2 de diciembre de 2020».
La sanción de la comisión de la competencia se impuso en noviembre de 2020. En ella se hacía expresa mención al artículo 71.1 de la ley de contratos del sector público, que prevé la prohibición de contratar con la administración de aquellas empresas «sancionadas con carácter firme por infracción grave (...) de falseamiento de la competencia», y se emplazaba a este órgano a pronunciarse. En realidad, un sencillo trámite administrativo porque esa sanción se podría dar por segura. Francis Puig, hermano de Ximo Puig, y los Adell Bover presentaron recurso contencioso-administrativo ante el TSJ valenciano. Y la Junta de Contratación señala que no puede pronunciarse mientras exista un recurso.
La dirigente popular también solicita copia íntegra «del requerimiento remitido por la Secretaría de la Junta a la Comisión de Defensa de la Competencia en fecha de 27 de septiembre de 2021, solicitando información sobre el estado procesal de las actuaciones referidas, así como de la respuesta recibida». La situación de este expediente se conoció a través de un escrito remitido por el abogado del Estado que ejerce de secretario de esta Junta de Contratación, después de que el juzgado contencioso-administrativo número 4 de Valencia le hubiera solicitado información de ese expediente tras una solicitud de documentación de Ortiz presentada en febrero y que la delegación del Gobierno «por error» no trasladó.
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