La UCO reclama información al Club de Tenis a raíz de la trama del cuñado de Rita Barberá

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron hace unos días en las instalaciones del Club de Tenis Valencia para requerir determinada información relacionada con la investigación al letrado José María Corbín por el supuesto cobro de comisiones gracias al amaño de contratos en las adjudicaciones públicas.

Fuentes de la institución deportiva confirmaron a LAS PROVINCIAS la visita de los especialistas de la Benemérita, que ha adelantado Valencia Plaza. Los expedientes reclamados comprenden un amplio periodo, entre 2006 y 2014. En ese lapso, el recinto realizó una ampliación. La investigación sigue bajo secreto en el juzgado de Instrucción 9 de Valencia, aunque las pesquisas adquieren mayor enjundia en la relación entre el letrado y determinadas empresas contratistas del Consistorio como Secopsa, la constructora Cleop y Acciona. Es en esa labor de intermediación del letrado donde aparecen más sospechas acerca de lo ejemplar de su tarea, según fuentes cercanas a la investigación.

Faltan todavía muchos detalles acerca de estas averiguaciones. Por ejemplo, de qué forma lograba Corbín el cobro de las comisiones. Si incidía directamente en el amaño de los contratos públicos -y de qué forma- o si las empresas beneficiadas le pagaban posteriormente por servicios ficticios a cambio de un supuesto trato de favor. Al parecer, la sospechas nacieron a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria. El expediente fue enviado a la Fiscalía ante las irregularidades. El ministerio público al comprobar que el asunto reunía indicios delictivos envió la causa a un juzgado. Y todo se precipitó a principios de abril, con la detención del letrado y su colaborador profesional, el también abogado Diego Elum.

La cifra de negocio de Corbín Abogados sufrió una contundente caída a lo largo de la última legislatura en la alcaldía de Rita Barberá, cuñada de su titular, José María Corbín. El año de las últimas elecciones que ganó la político popular el despacho de su familiar registró en sus cuentas anuales una cifra de negocio de 285.991,70 euros, un 19,5% más que en el ejercicio precedente.

Sin embargo, este registro ya no se volvió a repetir y, de hecho, dio paso a un desplome de la facturación de entre el 40 y el 50 % anual. Así, Corbín Abogados SL llegó a perder entre el inicio y el final de la legislatura un 86% de sus ingresos. Este periodo coincidió con la sucesiva denuncia de supuestos casos de corrupción en la Comunitat Valenciana, vinculados con miembros del Partido Popular, como Gürtel o Brugal. La situación no mejoró desde entonces para la firma y en los dos ejercicios posteriores a la pérdida del poder se produjo otro desplome del 39,8%.

Corbín continúa en prisión desde el pasado 4 de abril por orden del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia. Anticorrupción solicitó su ingreso en la penitenciaría para preservar el buen fin de la investigación, de cara a las diligencias que todavía faltan por completar en este caso.

Toda la familia del letrado, sus tres hijas y su esposa, Asunción Barberá, hermana de la exalcaldesa, también figuran entre los investigados. La detención del letrado supuso una nueva sacudida para el PP de Valencia, en plena precampaña electoral y en un intento de sus dirigentes por desprenderse del estigma de la corrupción tras el caso del blanqueo en el Grupo Municipal del PP. De hecho, Corbín había tenido un papel protagonista en esta causa -lleva la defensa de la exsecretaria Mari Carmen García Fuster- que implica a cerca de medio centenar de cargos populares, entre ellos los actuales concejales del Partido Popular salvo Monzó.