Los casos judiciales embarran el debate político

De repente, un auto, una sentencia, una calificación de la Fiscalía, una acusación de la Generalitat, un juicio aplazado... La Justicia, sin un plan premeditado, parece haber recuperado la intensidad de otras épocas no tan lejanas en las que el PP se despertaba al compás de los titulares que llegaban desde los juzgados. En estas últimas semanas, en cambio, se juntan los coletazos de la última etapa de los populares con los nuevos asuntos que ya salpican y dañan la imagen de los socialistas y de Compromís. La atmósfera valenciana terminó de perfilarse estos días con el juicio de la caja B del PP y las declaraciones de Rajoy y Aznar. No son las únicas cuentas supuestamente ocultas de los populares que aguardan juicio. En el horizonte asoma el blanqueo del PP, un asunto que puede ser punto de inflexión en la senda alcista de los populares en la ciudad. El conocido como pitufeo donde el PP está imputado como persona jurídica. Todos estos acontecimientos judiciales vuelven a embarrar el debate político, trufado de cruces de acusaciones.

Alfonso Rus, el supuesto ideólogo y director de un trama corrupta que dominaba la Comunitat, ha sido procesado esta semana por partida doble tras más de cinco años de pesquisas; los dos últimos prácticamente de parálisis en el juzgado. El exvicepresidente de la Diputación ha sido encausado por la trama de los zombies, personas contratadas por Imelsa y Ciegsa que cobraban un sueldo pero carecían de función en la compañía. En este caso, también figura el exconsejero de Ciegsa, Máximo Caturla. Pero quizá sea más grave el otro asunto cuya instrucción se cerró esta misma semana, el call center de la Diputación. Un contrato de cerca de dos millones de euros que presuntamente se amañó para beneficiar al exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López. La UCO ha constatado el pago de comisiones a una mercantil de este empresario. Los principales indicios contra Rus, en cambio, parten únicamente de Benavent, exgerente de Imelsa y colaborador hasta ahora de la Fiscalía. El reto de Anticorrupción será demostrar en el juicio que Alfonso Rus movía los hilos de todo este entramado. Alcaldes, exalcaldes, ediles y otros altos responsables se sentarán también en el banquillo.

Las consecuencias del terremoto político generado con la sentencia de la Audiencia de Valencia resultan hoy todavía impredecibles. Las críticas de los magistrados a la actuación de la Conselleria de Igualdad son terribles para un departamento que debía proteger a la menor. La ristra de fallos causa bochorno al ciudadano. Entre ellos, hacer una investigación paralela, no enviarla al juzgado, que se escondiera el nombre del docente, no creer nunca a la víctima... Se trata de la segunda condena a cinco años de cárcel al educador Luis Ramírez. Esta vez, además, con la agravante de superioridad. El primer juicio fue anulado por el TSJ para incluir un informe que supuestamente exculpaba al docente. Pero el contenido del dosier no fracturó el convencimiento del tribunal. La vicepresidenta ha anunciado que comparecerá en Les Corts para dar explicaciones. Sin embargo, ya ha deslizado algunos argumentos que, en realidad, anticipan la debilidad de su defensa: quieren culpabilizarla por ser mujer. Esa historia quizá arranque algunos aplausos de las bancadas afines, pero desvele también la falta de justificación a cómo actuó la Conselleria. Conviene recordar el comportamiento de Oltra ante las sospechas de abusos en un centro de Segorbe gestionado por una congregación religiosa. Desde Les Corts dio datos que permitían identificar al sospechoso. Terminó absuelto. La gestión en este área, la de menores, no se puede catalogar de éxito.

Imelsa o Divalterra. Con cada denominación, la empresa pública ha sido protagonista de un episodio de corrupción. El caso Alquería sentará en el banquillo al expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por la contratación ilegal de altos directivos en la firma dependiente de la Diputación. La Audiencia ha rechazado esta semana los recursos de todos los acusados para evitar la vista oral. Era la última oportunidad para el núcleo de colaboradores del dirigente socialista. El juicio será interesante. Por primera vez se ventilará en la Audiencia la creación artificial de plazas para la colocación de personal ideológicamente afín en la Administración. Las penas, al incluir la malversación, son elevadas. La Fiscalía pide ocho años para Rodríguez. La exgerente Agustina Brines, de Compromís, también pasará por el examen de un tribunal. Los investigados sostienen que todo es un conflicto administrativo.

La exdirectora del Ivam, Consuelo Císcar, afronta a día de hoy dos procesos judiciales. Esta semana se conocía la calificación de la Fiscalía Anticorrupción por utilizar el museo para promocionar hacia el «éxito» la carrera artística de su hijo. Algunos proveedores de la institución recibieron adjudicaciones irregulares a cambio de correr con los gastos de las exposiciones de Rablaci, hijo también del exconseller condenado Rafael Blasco. Además, se pagaron viajes de ocio con dinero de la pinacoteca. El número 2 del museo, Juan Carlos Lledó, le acompañará. No es el único juicio por su polémica gestión en el museo. El próximo noviembre será enjuiciada por gastar más de tres millones de euros en obras de Gerardo Rueda pese a que no eran auténticas sino fundiciones encargadas por su hijo adoptivo tras la muerte del artista.

Asunto que preocupa en Presidencia por el evidente desgaste que está generando en la figura del presidente el comportamiento de su hermano, Francis Puig. De momento, Competencia ya ha sancionado el cártel de las productoras, dirigido por el familiar del líder socialista, con una multa por intentar pactar precios en un concurso de corresponsalías de À Punt. Pero el mayor temor proviene de la causa que está tramitando Instrucción 4 alrededor de las deficiencias detectadas en la solicitud de subvenciones para el fomento del valenciano, fundamentalmente. El PP denunció cruces de facturas, entre otras irregularidades, que le permitían vivir de la 'caza' de ayudas públicas, tal y como se desprende de las conversaciones intervenidas Las pesquisas se encuentran todavía en una fase embrionaria a la espera de que la Guardia Civil elabore sus informes con toda la documentación recopilada de la Generalitat y de otras autonomías. Un coletazo de esta supuesta trama se verá por anticipado en un próximo juicio. Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, se sentará en el banquillo por la falta de comprobación de unas subvenciones.

Un mandato judicial que Antifraude, la agencia que dirige Joan Llinares, se resiste a cumplir. El TSJ valenciano ha propinado dos portazos más a la Agencia Antifraude, en relación con su negativa a entregar al PP valenciano el expediente sobre Francis Puig. En dos autos, el alto tribunal rechaza el criterio de la Agencia y vuelve a exigir que dé traslado a los populares de toda la documentación que se le ha solicitado. El alto tribunal, igual que el Tribunal Supremo y Les Corts, ya se habían pronunciado en el mismo sentido de realizar un ejercicio de transparencia hacia los diputados.

Un asunto que parecía dormido y ha 'resucitado' esta semana. El exalcalde de Gandia Arturo Torró será juzgado acusado de un delito de malversación y fraude en la contratación pública por el denominado caso Tele 7. El exprimer edil del PP, exhombre fuerte de los populares, se enfrenta a ocho años de prisión. El fiscal le acusa de pagar 500.000 euros a un medio de comunicación a través de la empresa pública IPG (Iniciatives Públiques de Gandia) mientras estaba al frente del Ayuntamiento de la capital de la Safor.

Rafael Blasco no se ha podido olvidar todavía del caso Cooperación. El juicio por el amaño de los contratos de informática, que arrancó este mes, se suspendió tras sufrir un infarto uno de los acusados. El exconseller no quiere pactar con la Fiscalía en contra de lo que busca el resto de acusados. Le piden dos años y ocho meses de cárcel.