Los otros casos Oltra

Sin embargo, el caso de la exlíder de Compromís no es ni mucho menos el único. Otras muchas carreras políticas, o vinculadas a la acción política desde puestos de responsabilidad en distintas administraciones públicas, han sido víctimas de denuncias judiciales que derivaron en procesos que arruinaron sus carreras políticas o profesionales. El recurso a la denuncia en los tribunales se convirtió en su momento en acción política habitual. Y que en algunos casos hubiera sentencias condenatorias, incluso de cárcel, no ha impedido que en otros muchos se produjeran absoluciones o archivos por falta de pruebas. Oltra es la última, por ahora, de esa lista de políticos zarandeados por los tribunales, y a los que después la justicia declara inocentes.

Cerca de una veintena de grandes causas de corrupción en la Comunitat Valenciana denunciadas en los últimos años han acabado en nada. Las cuatro piezas de la F1 (la organización del evento y las obras en el circuito); el caso del pitufeo, la absolución de Alquería y el Palau de les Arts, la desaparición de las sospechas sobre el desfalco de RTVV, el sobreseimiento de la visita del Papa a Valencia, el carpetazo de Ciegsa y el final de las acusaciones contra Marisa Gracia (FGV), el caso Ivacor... O entre las más recientes, el archivo de la trama valenciana del macrosumario de Púnica tras nueve años de pesquisas. O por remontarnos a un pasado no tan lejano... El caso de los Jardines de Monforte, el sumario de Nóos o el intento de imputar a Rita Barberá por sus gastos de representación en el Ayuntamiento.

Los otros Oltra son dirigentes políticos de carne y hueso, algunos ya fallecidos, a los que se salpicó con denuncias en los tribunales que acabaron archivadas. Como ejemplo más ilustrativo, la muerte de Helga Schmidt como sospechosa de saquear Les Arts. Absolvieron a todos. La Fiscalía ni recurrió. De aquel caso aún se recuerde el despliegue policial, helicóptero incluido, a la búsqueda de una anciana...

También falleció ya la exalcaldesa Rita Barberá. Ritaleaks fue una denuncia de Compromís que sostenía que la primera edil había utilizado fondos del Consistorio para actos privados entre 2011 y 2014. Desde Valencia apreciaron indicios y trasladaron la causa a la Fiscalía del Supremo. Allí la archivaron. No era suficiente para abrir una causa penal contra la entonces alcaldesa. A Barberá, como a Francisco Camps, se les intentó imputar por el Caso Nóos, aquellos congresos deportivos organizados por Iñaki Urdangarín. La Audiencia de Palma le condenó a él, pero el TSJ valenciano descartó imputar a los dirigentes valencianos. Entre los absueltos tras el juicio, el exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Comunitat Valenciana, Luis Lobón.

El coste económico tampoco se puede considerar un elemento irrelevante. Decenas de imputados que han de sufragar de su bolsillo el pago de una defensa y que no todos logran después recuperarlo de sus administraciones. En este sentido, conviene recordar la condena en costas que definitivamente ha pagado la Generalitat por reclamar en el Tribunal de Cuentas el supuesto perjuicio para las arcas públicas de la compra de Valmor. En 2020, ese tribunal absolvía de cualquier responsabilidad contable en la compra de esa firma por un euro a las exconselleras de Cultura y Deporte con el PP Trinidad Miró y Lola Johnson.

Existe una mirada sucia sobre la política, una permanente sospecha de corrupción sobre la actividad de los cargos públicos. La reflexión la hacía hace pocos meses Manolo Mata, el exdirigente del PSPV y ahora volcado en su profesión de abogado. Una permanente sospecha que ha llevado, por ejemplo, a Francisco Camps, a tener que responder de casi una decena de acusaciones de corrupción. De todas ellas ha salido indemne judicialmente -tiene pendiente la última-, pero ni su carrera política ni mucho menos su imagen pública podrán recuperarse.

Otro afectado por una situación similar. El que fuera mediático fiscal Vicente Torres sentó en el banquillo a Jorge Bellver y otros funcionarios del Ayuntamiento de Valencia por la construcción de un aparcamiento en el subsuelo de los Jardines de Monforte, catalogado como Bien de Interés Cultural. El TSJ los absolvió e incluso dejó algún dardo acerca de la debilidad de la acusación de la Fiscalía. Bellver sí se ha reincorporado a la primera línea política y ahora es director general en el Consell de Carlos Mazón.

El PSPV también ha sufrido un caso similar. La Audiencia de Valencia concluyó que contratación de directivos en la firma pública Divalterra no fue delictiva. El expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y sus más estrechos colaboradores fueron detenidos por la colocación de gente afín a los socialistas y a Compromís en puestos de responsabilidad. El caso quebró la trayectoria política del entonces presidente de la Diputación que montó un partido al margen del PSPV. Rodríguez no sólo sigue siendo alcalde de Ontinyent, sino que su partido, Ens Uneix, tuvo un papel clave para que la presidencia de la Diputación de Valencia acabara en manos del PP.

El periodista José López Jaraba vivió una situación similar tras ser acusado por el desfalco en Canal 9. Fue más un asunto mediático que judicial. Algunos titulares escandalosos generaron expectativas que nunca llegaron a cumplirse. Al final, sólo quedó un acusado, López Jaraba, y únicamente por el sindicato de la CGT y la Generalitat. La Fiscalía, que fue quien inició el procedimiento tras las denuncias del PSPV y Compromís, acabó pidiendo el archivo. A la Abogacía le impusieron las costas.

Uno de los sumarios más impactantes de la historia reciente. El supuesto blanqueo de 50.000 euros por parte de la dirigencia del PP de Valencia a través del ingreso de 1.000 euros en la cuenta del partido y el reintegro, en efectivo, de esa cantidad. La Audiencia tumbó la investigación tras señalar a medio centenar de cargos y asesores del partido en la ciudad de Valencia por no estar acreditado, al menos indiciariamente, el origen delictivo de los fondos de esa supuesta caja B. En el Supremo, Rita Barberá llegó a declarar por esta causa sólo unos días antes de su fallecimiento.

El caso Ciegsa creció con una premisa, tan atractiva como falsa, de sobrecostes de 1.000 millones de euros en la construcción de colegios públicos. El asunto se centró en cinco centros educativos. Tras más de siete años de pesquisas, la propia Fiscalía solicitó el archivo por falta de pruebas sobre el cobro de comisiones por adjudicación de instalaciones. Una pieza menos de la macrocausa de Imelsa.

Eusebio Monzó, actual secretario autonómico de Hacienda y Financiación, regresó a la primera línea política en 2015, después de que pocos años antes hubiera sido destituido de ese mismo cargo -entonces con Juan Carlos Moragues de conseller- por el presidente Alberto Fabra tras su imputación en el caso del Centro de Convenciones de Castelló. El caso fue archivado.

Y FGV. Marisa Gracia fue gerente de Ferrocarrils de la Generalitat. En 2020 fue absuelta de la causa que juzgaba el accidente del metro de 2006, y también después cuando un programa de Évole forzó a la Fiscalía a la reapertura del caso. Gracia recordaba en una conversación con LAS PROVINCIAS comportamientos poco ejemplares, como el vídeo que se grabó Mónica Oltra camino de la Ciudad de la Justicia con una denuncia contra la directiva de FGV. La pieza terminaba con una frase de Oltra: «A Al Capone no se le pilló por mafioso sino por fraude fiscal... Pues que pague por algo», vino a decir. Oltra, tras el archivo de su caso, quizá no comparta decisiones como aquella.

De igual manera, cabría esperar que Compromís guardara parte de las consideraciones que ahora hace de la caza judicial a su exlíder por si, en pocas fechas, es Francisco Camps el que resulta absuelto de su última causa judicial pendiente.