Las alegaciones formuladas por el Govern catalán a la propuesta de criterio de población ajustada presentada por el Ministerio de Hacienda para el nuevo sistema de financiación autonómica van justo en el sentido contrario a la propuesta valenciana para la financiación. El documento ... del Ejecutivo que preside Pere Aragonés rechaza el criterio de población ajustada, que es justamente del que el Consell presidido por Ximo Puig ha hecho bandera, y apuesta en su lugar por la soberanía fiscal plena, en línea con la reivindicación tradicional del independentismo catalán de abandonar el régimen común en el que se encuentran 15 de las 17 CCAA -todas menos País Vasco y Navarra-.
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La propuesta catalana llega unos meses después de que el presidente valenciano mantuviera una reunión con su homólogo catalán, para tratar de convencerle de la necesidad de que Cataluña se incorporara al proceso de debate entre el Gobierno central y las CCAA, con la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica sobre la mesa. La respuesta de Aragonés en aquella reunión ya fue la de rechazar la oferta del presidente valenciano, tras subrayar que la propuesta que hace Cataluña en esta materia avanza en el soberanismo fiscal, al margen de las autonomías del régimen común.
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Esa posición mostrada en aquella reunión, en la que Puig trataba de ganar adeptos a su propuesta para que el criterio de población ajustada fuera el que condicionara el nuevo modelo, se plasma ahora en un documento en el que se señala que apostar por esa población ajustada supone hacerlo por un modelo de reparto de recursos, en lugar de por uno que prime la autonomía fiscal. y, por lo tanto, el nuevo modelo seguirá sin mejorar la autonomía fiscal de las CCAA.
El Gobierno valenciano, por contra, ha venido sosteniendo que el criterio de población ajustada, y el hecho de que el Gobierno lo ponga en un lugar preeminente para avanzar en el nuevo modelo, supone que el ministerio de Hacienda asume los postulados valencianos en esta materia. Tan es así que la primera reacción del Gobierno valenciano el 3 de diciembre, cuando el departamento de María Jesús Montero presentó su propuesta, fue proclamar que el documento era claramente positivo para los valencianos. No fue hasta unos días después cuando el Consell cayó en la cuenta de que la propuesta era justamente prejudicial para la Comunitat.
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El líder del PP valenciano, Carlos Mazón, exigió este lunes al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que defienda la propuesta valenciana y señaló que la Comunitat está en un momento clave para hacerse oír. Además, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no sacrifique la financiación de la Comunitat Valenciana para contentar a ERC.
Mazón, este lunes, reunió al comité de dirección del PPCV, que ratificó el apoyo del partido al informe elaborado por los expertos de la Comunitat en materia de financiación, al tiempo que alertó del riesgo que supone la propuesta catalana «para los intereses de la Comunitat».
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Así lo explicó Mazón, quien señaló que el informe de los expertos sobre financiación, que este lunes mismo se trasladó al Gobierno «no puede ser infravalorado por la ministra Montero». «Llevamos muchos años siendo la CCAA peor financiada y no podemos esperar más a que esta situación se corrija», advirtió.
El Gobierno valenciano, también este lunes, remitió por correo al Ministerio de Hacienda sus alegaciones a la propuesta elaborada por el Ejecutivo central, en la que además de las correcciones técnicas se incluye la reivindicación de un fondo de nivelación para las CCAA infrafinanciadas así como la condonación de la deuda histórica. Evidentemente, en las alegaciones de Cataluña no aparece ni una sola referencia a estas cuestiones que la propia ministra, un día después de que el Consell formulara sus alegaciones, vino a cuestionar.
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Con las alegaciones de las CCAA en el departamento que dirige María Jesús Montero, queda por definir qué ocurre ahora con la financiación. El Consell confía en que el ministerio convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir al respecto, aunque las fuentes del ministerio consultadas por este diario admiten que no existe una hoja de ruta respecto a cómo seguir con este debate.
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