Caturla traspasó su patrimonio a su empresa e hijos al conocer que le investigaban por corrupción

Máximo Caturla es uno de los personajes más singulares del caso Imelsa. Al que fuera secretario autonómico de Educación y consejero delegado de Ciegsa lo han situado, desde el principio de la causa, como uno de los pilares de la trama de corrupción presuntamente liderada por Alfonso Rus. De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil siempre pensó que se trataba del 'tesorero' de la red y por eso acudió con perros especializados en la localización de dinero al chalé del cargo popular. Una de las sospechas era que lo tuviera enterrado.

La UCO acaba de presentar un exhaustivo informe en el que concluye que el exdirigente se deshizo de buena parte de su patrimonio al enterarse de que estaba siendo investigado en secreto por la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes han reconstruido sus operaciones financieras desde el arranque de las pesquisas judiciales, en el verano de 2014, hasta enero de 2016 cuando se desarrollan las detenciones y registros domiciliarios. La conclusión de los agentes es que a través de ventas, préstamos ficticios y donaciones se deshizo de su patrimonio personal a favor de su empresa Estilo Kiki, que pasó a manos de sus hijos tras cederles las acciones. Se quedó, no obstante, con el usufructo de las participaciones.

El objetivo era supuestamente no responder con su dinero a las posibles consecuencias de la causa judicial. Las propiedades de Caturla eran cuatro inmuebles: la finca la Corona con un vivienda en el terreno, un chalé en Dénia, una parcela rústica de 14.000 metros en Fontanars dels Aforins y la mitad de una nave industrial en ese mismo municipio. Además, tenía 18 vehículos a su nombre entre motos, coches, remolques y maquinaria agrícola. En algún caso, incluso vehículos históricos como un Jaguar E tipo 4.2. Además, disponía del 54% de la empresa Kiki dedicada a la comercialización de productos alimenticios, aunque sólo unos días antes de que se interpusiera la denuncia su participación alcanzaba el 80%. Pero decidió traspasar parte de las acciones a su mujer y uno de sus hijos, siempre según el trabajo elaborado por la UCO. La mercantil tenía naves, solares, fincas rústicas, un piso en Valencia, en JJ Dómine, y varias plazas de garaje también en la ciudad.

Una de sus primeras acciones fue la compra de una nave a su propia empresa por 160.000 euros. Para eso pidió una hipoteca y efectuó dos pagos a la sociedad. Uno fue para terminar de pagar la hipoteca que pesaba sobre esa propiedad. De esta forma conseguía aumentar el patrimonio de la empresa, libre de cargas, a costa de su capital personal.

Más tarde, hipotecó la vivienda de la finca La Corona por 300.000 euros. Aproximadamente la mitad de este dinero fue donado a sus tres hijos, que lo utilizaron en la ampliación de capital de Kiki. Otros casi 100.000 euros fueron ingresados en la mercantil bajo diferentes conceptos. A continuación, Caturla cedió todas las participaciones en la empresa a sus hijos, pero se quedó con el usufructo, es decir, con los beneficios que pueda generar la actividad.

También tuvo tiempo para la venta del chalé de Dénia, según la UCO. Tras la transacción, saldó la hipoteca con el banco y procedió a inyectar otros 100.000 euros a la empresa de sus hijos. La casa en la localidad de La Marina se traspasó por 300.000 euros.

La sospechosa operativa se completó con la venta de otras dos naves industriales, esta vez también estaban a nombre de su hermano. El dinero terminó, una vez más, en la empresa familiar. La mercantil fue la gran beneficiada del trasvase de fondos de Caturla. Ahora deberá explicar en sede judicial a qué responde toda esta operativa.