La causa de la financiación ilegal del PSPV pierde fuelle

El periodo bajo sospecha en las cuentas del PSPV son los comicios de 2006 y 2007, etapa que coindice a su vez con la financiación ilegal del PP que ya han condenado los tribunales. El mismo método en diferentes partidos. Pero en el caso de los socialistas existe una circunstancia que amenaza con dejar la investigación en nada: el tiempo transcurrido desde que se abrieron las diligencias. De hecho, la Audiencia acaba de dictar el archivo de las actuaciones para el empresario Javier Luján, cuya empresa pagó facturas a la empresa Cronosport, relacionadas con productos promocionales del PSPV. Lo habitual en estas citas: bolígrafos, camisetas y demás artículos que se reparten en los mítines y puestos informativos.

La investigación sostenía que esos pagos, superiores a 120.000 euros, eran la contraprestación de la mercantil por haber recibido una obra del trasvase Júcar Vinalopó. Estas sospechas parten de la documentación intervenida en el registro del domicilio de Pepe Cataluña, el auténtico cerebro de las finanzas socialistas. En su momento, se acumularon los pagos a Cronosport -Luján no era el único bajo sospecha porque también constan abonos de Acciona- con la investigación sobre el proceso de adjudicación de los tramos de la infraestructura hídrica. De hecho, ambas compañías, en una Unión Temporal de Empresa (UTE), resultaron beneficiadas en una de las adjudicaciones, la del tramo E.

La defensa alegó que los hechos estaban prescritos. Y la Audiencia le ha dado la razón pese a la oposición de la Fiscalía Anticorrupción. El procedimiento ha quedado archivado para el conocido empresario. El controvertido pago de las facturas se produjo en agosto de 2007 y el procedimiento judicial no se dirige contra el constructor hasta agosto de 2022. La Fiscalía sostenía que se trataba de un delito continuado -se pagan cuatro facturas- y, por tanto, el plazo de prescripción llegaba a los 15 años. Pero no esa la tesis definitiva de la Audiencia, que ha dado la razón al empresario.

La Sala, tras el análisis de los hechos, recoge que el delito de prevaricación lleva pena de inhabilitación de 7 a 10 años. La prescripción es de diez años. Idéntica conclusión para el cohecho propio de particular, castigado con un máximo de seis años de cárcel y multa. Por otro lado, el tribunal sí mantiene la acumulación de las diferentes piezas relacionadas en este asunto en una sola investigación, es decir, los pagos al PSPV con las adjudicaciones del citado trasvase.

La UCO también sospecha de los pagos del grupo Axis, controlado por el supuesto cabecilla de la trama Jaime Febrer, a cambio de diferentes proyectos en los que la participación de dirigentes socialistas sería imprescindible. Por ejemplo, los investigadores mantienen que Cataluña se embolsó un millón de euros para el partido. Las cantidades se pactaron en reuniones, a principios de 2007, entre Cataluña, José Luis Vera, abogado con vínculos con el PSPV, y el empresario Febrer.

Los pagos se corresponderían, según se apuntó al impulso de negocios en Bétera, un PAI con campo de golf, y proyectos en Pego y el conocido como PAI del Espartal en Xixona. En este último apartado, la gestión consistió en un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa estatal Acuamed, para justificar la existencia de recursos hídricos.

El sumario salpicó a numerosas firmas valencianas. Constructoras y empresas vinculadas a la actividad comunicativa (imprentas, publicidad, serigrafías) son las más variadas y numerosas, pero no las únicas incluidas en el dossier. Al menos 95 firmas empresariales aparecen en el informe, ya sea en el relato de la UCO, relacionadas directa o indirectamente, o en las facturas que se adjuntan para sostener la investigación de la presunta financiación irregular de los socialistas valencianos.

Hay empresas del sector de la construcción (de modo individual o asociadas en UTE, prácticamente todas las grandes corporaciones que participaban en adjudicaciones de obra pública), empresas de la Administración como Acuamed y sus filiales, un par de multinacionales, fundaciones, clubes, asociaciones ecologistas, empresas de comunicación, despachos de abogados, empresas de gestión medioambiental, importación, marketing, restauración y alimentación.