El cerco judicial se estrecha sobre Mónica Oltra por la gestión de los abusos de su exmarido

A estas alturas, tras la sentencia de la Audiencia de Valencia, nadie duda de que la actuación de Igualdad no fue modélica. Más bien todo lo contrario. Pese a todo, Oltra se ha atrincherado en su tesis de defensa. Una estrategia en la que no caben dimisiones. Tampoco la autocrítica ha aparecido en su discurso de los últimos dos años. PP y Vox, por su parte, han subido el tono. Y todo esto en la recta final de la legislatura, con el futuro político de Oltra, dentro o fuera de Compromís, rodeado de incertidumbre.

En paralelo a la creciente tensión política, el caso ha desembocado en nuevas vías judiciales con la imputación de seis cargos de Igualdad y dos responsables del centro Niño Jesús donde se produjeron los abusos. Ahora se trata de averiguar por qué la conselleria inició una especie de «instrucción paralela» en palabras de los magistrados de la Audiencia, por qué a la menor a quien se debía proteger sólo se trató de desacreditarla y por qué no se envió el caso directamente a la Fiscalía, entre otros interrogantes.

Existen numerosas preguntas sin respuesta clara. De igual modo, nadie consigue dar una explicación a que un informe supuestamente exculpatorio solo 'apareciera' en la conselleria dos años después de su elaboración y tras la primera condena. En algunos de estos documentos, además, se omite la identidad del educador.

El juez ha reactivado la instrucción de este asunto hace apenas unos días, tal y como informó el pasado lunes LAS PROVINCIAS. La Audiencia le ordenó reabrir las diligencias para investigar la gestión del departamento de Oltra con independencia de lo que resuelva el Tribunal Supremo. La sentencia que condena a cinco años de cárcel está pendiente de la revisión del alto tribunal. Salvo sorpresa mayúscula, el fallo será ratificado. Pero los magistrados entendieron que los hechos y la condena están desligados de la actuación de la conselleria.

Así pues, la instrucción se encuentra en una fase embrionaria. El asunto ha caído en Instrucción 15, el mismo juzgado que ya investigó la macrocausa de la depuradora de Emarsa. Se trata de un instructor minucioso que acostumbra a realizar interrogatorios muy exhaustivos. Algo que beneficia a las acusaciones a las que probablemente los imputados no quieran responder. La particular está dirigida por José Luis Roberto, presidente de España 2000, mientras la acción popular la impulsa Gobierna-te, una entidad presidida por la comentarista Cristina Seguí. De momento, no ha habido un pronunciamiento del ministerio fiscal más allá de apoyar en su día el archivo a la espera del Tribunal Supremo. Las próximas declaraciones serán clave para que el ministerio público se forme un criterio más sólido acerca del futuro judicial de este asunto.

La situación de Oltra puede recordar, salvando las distancias por la diferente naturaleza de los respectivos casos, a la que vivió en su día el conseller Rafael Blasco, finalmente condenado por la malversación de fondos al Tercer Mundo. El juzgado de Instrucción 21 de Valencia investigó a todos los subordinados de la Conselleria de Inmigración y sólo cuando reunió suficientes y poderosos indicios de la participación del conseller, la juez elevó una exposición razonada al TSJ al ser Blasco aforado. El alto tribunal decidió entonces asumir toda la causa, con los no aforados incluidos. Pero también podría quedarse sólo la parte relativa a Oltra como ocurrió, por ejemplo, con el caso del blanqueo del PP y el diputado Miquel Domínguez.

No obstante, la consellera, en una inesperada decisión, optó por personarse en día en las diligencias abiertas en Instrucción 3, ahora acumuladas a esta nueva investigación. Allí, en aquel asunto, presentó documentación para que se revocara el auto donde se le recogía como una de las querelladas. Para ello, aportó su acreditación como diputada de Les Corts. El juzgado rectificó y apartó a la vicepresidenta de la causa. Fue entonces cuando la organización que dirige la comunicadora Seguí trató de que se llevara esa incriminación al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El juez lo rechazó. La acusación decidió no recurrir a la Audiencia en la confianza de que las diligencias avancen ahora en Instrucción 15. Pero el objetivo final es ese. La entidad aprovechó para pedir la imputación de otros dos responsables a raíz de la documentación presentada por Oltra. Fue rechazada.

Comienza el momento de mayor presión para Oltra con la incertidumbre de qué declararán los cargos de Igualdad. El momento parece incluso más delicado que el asunto de su exmarido. Ahora todos los focos apuntan hacia la vicepresidenta.