Chequeo a las consellerias: Bravo, lastrada por las emergencias

La reflexión resulta casi obligada: ¿Alguien puede gestionar bien un incendio? Es decir, por mucho que la actuación sea eficiente, aquello no deja de ser una catástrofe donde parece complicado sacar pecho. Y menos todavía con el antecedente más cercano, la complicada -y deficitaria, según la Guardia Civil- gestión del accidente del tren de Bejís. Se trata de un asunto que incomoda enormemente a la conselleria. Buena prueba de ello es el silencio que se ha instalado respecto de la gestión de la emergencia. Se escudan en que la causa está judicializada –y es cierto–, pero eso no fue impedimento para que en su momento diera explicaciones en Les Corts. Sólo ahora, tras conocerse el informe de la Guardia Civil que evidencia ciertos errores en la cadena de comunicación, es cuando se recurre a esa circunstancia excepcional. El presidente, preguntado en el Parlamento por este asunto, se vio obligado a recurrir al accidente de metro de 2006. Un detalle que muestra la debilidad en este punto.

Existe otro aspecto sin demasiada repercusión hasta la fecha. Se trata la nula relación de la consellera con la ministra de Justicia, Pilar Llop. Una parcela, la de las relaciones, que Bravo siempre ha cultivado con habilidad y destreza. Su tiempo como vocal y portavoz en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -ella es fiscal- le permitió ampliar sus contactos en la capital de España. Pero con Llop no parece que haya habido feeling. Y eso –o quizá sea precisamente por ese motivo- que tienen en su organigrama una persona en común. Se trata de María Àngels García, que es la actual directora general para el Servicio Público de Justicia. Antes estuvo en el equipo de colaboradores de Bravo. Esa falta de conexión con el ministerio contrasta con la buena sintonía que mantiene con la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva y la fiscal superior, Teresa Gisbert.

Uno de los grandes logros del mandato de la dirigente ha sido, sin duda, todo el impulso a la reforma de las sedes judiciales, con la rehabilitación del TSJ y las nuevas dependencias de Llíria, Alzira, Sagunto y Gandia. La inversión ha sido récord, casi 230 millones de euros. No sólo era necesaria sino urgente una actuación de este tipo. También se han esforzado en la digitalización de la Justicia, con una inyección de cerca de 50 millones de euros.

En su mandato, se han creado 40 juzgados, según fuentes de su conselleria. Otra de las vertientes de su acción de Gobierno ha sido la protección de las mujeres maltratadas, con las comisarías especializadas en la atención a estas víctimas -pese a las disputas y encontronazos con el departamento de Igualdad- y con los juzgados especializados en violencia de género, aunque la comarcalización le ha generado algún que otro incendio. En esta polémica, no obstante, su postura emerge como la más sensata.

Bravo se ha visto favorecida por la coyuntura económica –y la jubilación masiva de la plantilla de la Administración– lo que le ha permitido lanzar el mayor proceso de convocatoria de plazas en la Función Pública. En total, desde el inicio del Botánico se han sacado 10.442 plazas. La nueva Ley de Función Pública incluye, tras años de negociación, el denominado requisito lingüístico. En definitiva, Educación acreditará el nivel necesario para opositar a los niveles más altos del empleo público simplemente con obtener un siete de calificación en la asignatura de valenciano durante los dos cursos de bachillerato; mientras Justicia ha cedido con que el C1 (el antiguo 'Mitjà') sea el nivel exigible para las Ofertas de Empleo Público.