La CHJ no vio de interés general la obra en uno de los barrancos desbordados por la DANA

Uno de los barrancos que contribuyó a generar el desastre provocado por la riada es el de la Saleta, con especial incidencia en la localidad de Aldaia, pero también en otras cercanas como Xirivella o Quart de Poblet. La Saleta está considerada como una de las actuaciones en el marco del encauzamiento del barranco del Poyo, toda vez que forma parte de su cuenca.

En el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), aprobado en enero de 2023, se establecían las obras hidráulicas que debían realizarse para mitigar los riesgos de inundación. Por una parte, la adecuación ambiental y drenaje de la Cuenca del Poyo vertiente a la Albufera que tenía como municipios beneficiados a Alaquàs; Aldaia; Alfafar; Catarroja; Cheste; Chiva; Eliana, Loriguilla; Massanassa; Paiporta; Paterna; Picanya; Quart de Poblet; Ribarroja; Torrent; Valencia y Xirivella, con un presupuesto de 35 millones de euros.

Por la otra, el acondicionamiento del Barranco de La Saleta, tramo: Aldaia ‐Nuevo cauce del Turia, de la que se beneficiarían las mismas localidades, con un presupuesto de 26 millones de euros. Ambas intervenciones debían correr a cargo del ministerio para la Transición Ecológica entre 2022 y 2024, y contaban con «prioridad alta».

El pasado 14 de junio el presidente de la CHJ, Miguel Polo, dirigió un escrito a la conselleria de Medio Ambiente en relación con estas obras. En su escrito, el máximo responsable de este organismo del Estado reconocía que las zonas urbanas de Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs y Xirivella se habían visto históricamente afectadas por el desbordamiento del Barranco de la Saleta. Polo explicaba que los problemas de dicho barranco aparecen ya en su cabecera, donde se incorporan los caudales del Barranco del Pozalet en periodo de inundaciones. «Así, son frecuentes los desbordamientos junto al eje carretero del Distribuidor Comarcal Sur (CV-33) y zonas anexas. Aguas abajo de este punto, el barranco penetra en el núcleo urbano de Aldaia, donde acaba perdiendo por completo el cauce, lo que provoca frecuentes y graves inundaciones en este municipio de ocurrencia casi anual», señalaba.

Tras constatar la necesidad de estas obras, Polo comentaba que «la falta de una solución al encauzamiento del barranco de la Saleta en el tramo de huerta, no solo genera el problema de que los municipios de Aldaia y Xirivella seguirán sufriendo inundaciones sino que se inviabiliza cualquier solución que se pretenda dar aguas arriba, lo cual afecta al necesario encauzamiento del barranco del Pozalet para eliminar el riesgo de inundación en el parque logístico del Puerto de Valencia, situado en término municipal de Riba-roja de Turia».

La CHJ requería a la Conselleria de Medio Ambiente para que en el plazo de «1 MES» se pronunciara sobre si considera adecuado continuar con los trámites de aprobación del proyecto redactado por este Organismo.

Pero lo llamativo aparece justo después. En su escrito, Polo señala que en caso de no desbloquearse la situación actual, este Organismo devolvería el proyecto de « Vía verde Xirivella – nuevo cauce del Turia» redactado por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes en diciembre de 2006, a la Generalitat Valenciana para que se ejecute la solución de ese tramo del encauzamiento que considere más oportuna, habida cuenta de que esta actuación concreta «no está declarada de interés general del Estado y por lo tanto su ejecución no corresponde a este Organismo». Y añadía que si, a la vista de los informes del servicio de Paisaje y del Consell de l'Horta, la zona de huerta expropiada según el proyecto de la Generalitat, no iba a poder ser utilizada para el citado encauzamiento, «ruego nos lo comunique para iniciar los trámites para la desafectación de los terrenos y devolverlos a su uso original».

La comunicación es del 14 de junio, por tanto, poco más de cuatro meses antes del 29 de octubre cuando la DANA desató el caos en la provincia de Valencia y se cobró la vida de más de 200 personas.

La consideración de que esta obra en la Saleta no era de interés general choca con lo reconocido en el Anexo II del PHN (2001) que hace referencia a la «restitución y adaptación de los cauces naturales del barranco del Poyo. (Fase I)» y la «restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva y Pozalet». En ese anexo, como en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se establecía la trascendencia de esa intervención.

Pero cuatro meses antes de la DANA, Polo corregía ese criterio y advertía de que esa obra no estaba declarada de interés general del Estado y por lo tanto su ejecución no correspondía a la CHJ.

En su contestación, la Generalitat alegaba en un solo informe de forma favorable donde se agrupan los servicios de Paisaje, Planificación Territorial, Gestión de Riesgos en el Territorio. El servicio de paisaje remarcaba no obstante que ese criterio favorable se veía condicionado «a respetar los condicionantes del artículo 24 de la Ley de la Huerta (aprobada por el Botánico), es decir presentar un estudio de integración paisajística». Y añadía que mientras esté en vigor la Ley de la Huerta, no se puede informar en contra de ella. El Consell de Carlos Mazón ya ha anunciado su intención de modificarla. Los servicios de Planificación Territorial y de Gestión de Riesgos en el Territorio también informaron de forma favorable.