Cinco años sin liquidar Canal Nou

7 de septiembre de 2018. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, comparecía ante los medios de comunicación tras la sesión plenaria del Gobierno valenciano. Entre los acuerdos adoptados en la reunión se incluía la declaración de extinción de la entidad de derecho público Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Previamente, por tanto, se había aceptado la cesión e integración global de todo el activo y el pasivo del ente a favor de la Generalitat, se dijo. Por fin. Cinco años después del fundido a negro de las emisiones, el Consell que preside Ximo Puig daba por finalizado el farragoso proceso de extinción y liquidación de la vieja televisión pública. Se pasaba página de la Canal 9 salpicada por la polémica, la deuda y la manipulación, como no se cansaron de proclamar los grupos de la oposición.

Pues no. Ni el anuncio optimista del Ejecutivo valenciano ni los aún más ingenuos de algunos medios antes del verano de 2018 han acabado acertando. A fecha de hoy, la vieja Canal 9 sigue sin estar liquidada. Al menos de forma definitiva.

¿Qué ha pasado? En septiembre de 2018 el Gobierno valenciano dio luz verde a la liquidación del ente RTVV, la entidad de derecho público encargada de la prestación del servicio de radio y televisión. Eso es así. Pero faltaba la S.A.U., la entidad mercantil encargada de facturar, la responsable de actuar a nivel de mercado. Y con esta otra, los problemas no han dejado de sucederse. Tanto es así que incluso han derivado en alguna fricción notable en el seno del Gobierno valenciano.

El último pleno del Consell de 2018 aprobó su propuesta por la que se aceptaba la cesión global de activos y pasivos de Radiotelevisión Valenciana, SAU, en liquidación, a favor de la Generalitat. Es decir, se autorizaba la disolución de la mercantil. El Consell aprobó ese acuerdo que, en teoría, es el que certifica la liquidación.

Pero el documento establecía una salvaguarda: advertía que se autorizaba la disolución de la SAU, en liquidación, aunque se precisaba que quedaría extinguida «en el momento que la Comisión de liquidación de la misma finalizara el proceso de cesión de los activos y pasivos de la cedente a la cesionaria».

Y de ahí viene el problema. La cesión de activos y pasivos a la «cesionaria», que no es otra que la Generalitat, requiere de un paso previo, que también venía establecido en el propio acuerdo como condición previa: «Se encomienda a la comisión de liquidación que formule cuentas anuales de la sociedad Radiotelevisión Valenciana, SAU, con fecha 31/12/2018, para ser auditadas por la Intervención general de la Generalitat».

El paso es el trámite habitual en este tipo de procedimientos administrativos. Los liquidadores tiene que hacer entrega del estado contable en el que queda la firma liquidada, de manera que quien asume activo y pasivo tenga un foto real de lo que recibe.

¿Y se han formulado esas cuentas? Fuentes de la conselleria de Hacienda consultadas por este diario aseguran que los liquidadores no lo han hecho. «Se han presentado saldos y datos parciales, pero eso no es formular las cuentas», se advierte. Mientras no se resuelva esa cuestión, no se pueden resolver los pasos pendientes. Y, evidentemente, la liquidación no puede considerarse resuelta.

El proceso pendiente una vez se hayan formulado las cuentas de la sociedad con fecha del pasado 31 de diciembre está más o menos claro. Se someterán a una auditoría, que emitirá el correspondiente informe sobre la liquidación -si existe alguna discrepancia o alegación pendiente, se comunicará de nuevo a los liquidadores para que la atiendan-.

El siguiente paso es la inscripción de la liquidación en el registro mercantil para, a continuación, llevar a cabo el proceso de adscripción a la administración autonómica del activo -el edificio de Burjassot- y el pasivo de la SAU. Entonces sí será efectiva la liquidación, admiten fuentes de Presidencia que tratan de quitar hierro al asunto y proclaman que el proceso se puede dar prácticamente por resuelto en marzo.

El mensaje optimista que se envía desde el Palau no coincide, no obstante, con los hechos. Las tres partes encargadas de participar en este proceso, Presidencia de la Generalitat, conselleria de Hacienda y Sector Público, han mantenido reuniones en las que han puesto de manifiesto alguna discrepancia respecto al proceso de extinción y liquidación de la vieja Canal 9. Algunas anecdóticas y otras de cierta envergadura. Y entre estas, las relativas a sobre qué hombros debe cargarse la inversión que se viene reclamando desde la dirección de À Punt -y que no se ha llevado a cabo porque el edificio sigue sin ser propiedad de la Generalitat-.

Mientras tanto, tal y como establece el acuerdo del Consell de finales de año, es el secretario autonómico de Comunicación de la Presidencia de la Generalitat, José María Vidal, el autorizado «para la suscripción de los documentos públicos y privados necesarios para la efectividad del presente acuerdo».

Un proceso de liquidación de una empresa, por complicado que resulte, «difícilmente puede durar más de cinco años», admiten las fuentes consultadas por este diario. Que lo haya hecho el de Canal 9 -y que lo siga haciendo- no resulta sencillo de explicar.

De hecho, en julio de 2017 la empresa encargada de auditar la mercantil ya cargó contra la lentitud que venían mostrando los liquidadores. «Transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la Junta General el balance final de liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social la separación de los liquidadores», llegó a advertir. El caso es que por aquellas fechas los tres liquidadores se mostraban convencidos de poder acabar su misión antes de concluir 2017. El vaticinio no se cumplió. En algunos medios se llegó a destacar la elevada remuneración que percibían estos profesionales, deslizando que esa podría ser una de las razones que propiciaba que no aceleraran sus trabajos.

Ya en noviembre de 2017, el socio único de la mercantil instó la conclusión de la liquidación de la sociedad por medio de la cesión global de activos y pasivos, toda una declaración del malestar generado por el retraso en el trabajo de los tres liquidadores -Ignacio Baixauli, Agustín Arenas y Francisco Gómez- .

El proceso de cierre de la vieja Canal 9 arrancó en noviembre de 2013, cuando el Consell presidido por Alberto Fabra aprobó la ley que suprimió la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico y, de paso, autorizó al Consell para la extinción, disolución y liquidación de la empresa pública Radiotelevisión Valenciana, SAU que gestionaba dichos servicios.

Ese mismo mes, el Consell nombró a los tres liquidadores que debían encargarse de la extinción de la empresa. El director financiero de Canal 9, Antonio Hervás, y los abogados Carlos Cervantes y Pau Pérez Blay, asumieron esa responsabilidad, aunque Hervás y Pérez Blay renunciaron a sus cargos menos de un año después. Sus sustitutos fueron Carlos Pérez-Marsá y el hasta entonces gerente de RTVV SAU, José Hernández Pons.

En enero de 2015, Pérez-Marsá también presentó su renuncia. En julio de ese año, el Consell aprobó la actual comisión de liquidación, compuesta por Ignacio Baixauli, Agustín Arenas y Francisco Gómez. La administración autonómica todavía sigue esperando que finalicen sus trabajos para bajar la persiana de la vieja Canal 9.