Cinco comarcas plantan cara a Puig y al PSOE y defienden a Rodríguez

La investigación judicial abierta sobre el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la cúpula de la institución provincial lleva camino de convertirse en un grave problema orgánico para los socialistas valencianos. Hasta cinco direcciones comarcales se han pronunciado en las últimas horas en contra de las decisiones adoptadas por Ximo Puig y por la dirección federal del PSOE, y han reclamado que el también alcalde de Ontinyent recupere la militancia y continúe al frente de la institución provincial.

La primera decisión disciplinaria respecto a Rodríguez se adoptó el pasado miércoles, el mismo día que se produjeron las detenciones de los seis investigados -además de Rodríguez, su jefe de gabinete Ricard Gallego, su asesor Manuel Reguart, el letrado de presidencia de la Diputación, Jorge Cuerda y los dos cogerentes de Divalterra, Xavi Simó y Agus Brines-. La permanente del PSPV, reunida de urgencia a las 22.30 horas, acordó suspender de todos sus cargos orgánicos a Rodríguez. El propio dirigente socialista, al salir el jueves de prisión, aseguró ver lógica aquella decisión.

Dos días después, el pasado viernes, la dirección federal del PSOE acordaba suspender de militancia a Rodríguez y a los otros dos miembros del partido, Ricard Gallego y Xavi Simó. Ese mismo día, Rodríguez fue recibido como un héroe en Ontinyent y su entorno alumbró la tesis de la conspiración orgánica desde el propio PSOE como responsable de lo ocurrido.

Desde ese momento, hasta cinco direcciones comarcales han movido ficha para mostrar su respaldo al aún presidente de la Diputación -el viernes dijo que abría un periodo de reflexión antes de decidir si abandonaba el cargo-. Se trata de las direcciones comarcales conquistadas por Rodríguez en el último proceso congresual: las dos Riberas, Alta y Baja, la Vall d'Albaida, la Costera y la Foia.

Las cuatro direcciones han aprobado resoluciones muy similares. En alguna de ellas se pide que se «restablezca la condición de militante» de Rodríguez, Gallego y Simó, porque, según se asegura, «se están incumpliendo los Estatutos en el artículo 5.2 del Código Ético», así como que se mantenga a Rodríguez como presidente de la Diputación de Valencia. Además, se solicita una revisión de los estatutos del partido con el objetivo de analizar si se ha producido su incumplimiento y, en su caso, elevarlo a la comisión de garantías «pidiendo responsabilidades políticas a quien corresponda».

La de la Ribera Alta -la comarca de Toni Such, uno de los altos cargos de confianza de Puig- , muestra su apoyo a los investigados «porque les avala su gestión política y profesional en la Diputación, en el Ayuntamiento de Ontinyent y en su trayectoria».

El movimiento impulsado por el entorno de Rodríguez constituye toda una rebelión contra el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, y contra el responsable federal de Organización, José Luis Ábalos, porque uno y otro impulsaron, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, las decisiones que provocaron la suspensión de los cargos orgánicos, primero, y la de militancia, después.

Rodríguez y sus más estrechos colaboradores han venido atribuyendo a algunos «poderosos» que por el momento no han llegado a identificar, como responsables de la operación policial decidida por el juzgado de instrucción número 9 de Valencia, dirigida a acabar con el «proyecto de Jorge Rodríguez». Una alusión que no resulta ajena a la hoja de ruta que el aún presidente de la institución provincial había tratado de seguir en el partido, con el objetivo último de situarse como eventual sucesor de Puig al frente del socialismo valenciano.

Por otro lado, la ejecutiva provincial de Valencia anunció ayer la suspensión de la Comisión Ejecutiva Provincial y el Comité Provincial convocadas para mañana lunes «al no concurrir las circunstancias necesarias para su celebración».