La gerente de Divalterra declara que la Diputación impuso a los directivos

Agustina Brines era una de las cogerentes de la empresa pública Divalterra cuando se producen las contrataciones de los altos directivos bajo sospecha. Se trata del único cargo de Compromís salpicado por esta investigación que no sólo afecta al PSPV pese a que supuso el final de la presidencia de Jorge Rodríguez en la Diputación.

Brines ha insistido este miércoles en la misma idea que el resto de procesados, que llegan en un momento de caos a la empresa, que era necesario poner orden, establecer nuevas áreas... Todo lo achacan, ella y el resto, a la crisis que había generado el caso Taula y el traumático paso de Marcos Benavent por la gerencia. De hecho, la propuesta de una cogerencia era precisamente para evitar estas situaciones de corrupción.

La acusada ha aclarado que las personas que le propusieron para los puestos venían ya seleccionadas por la Diputación de Valencia que tenían unas áreas similares a las que se iban a crear. «En absoluto era una condición su adscripción política», indicó. De igual modo añadió que no conocía a los candidatos que se entrevistó. «Los nombramiento no pasaron por el consejo». ¿El motivo? «Nadie nos dijo nunca que lo hiciéramos».

«No tengo nada que ocultar» ha sido la tónica de la comparecencia de Brines. Se le ha preguntado acerca de si los contratados debían dar dinero a sus partidos políticos. «No», ha dicho tajante. Al igual que el resto de acusados ha apuntado al director jurídico José Luis Vera. «Si hubiera puesto reparos, no se hubiera hecho», aseguró. No hay acusado que no aproveche su declaración para sacar el nombre del director jurídico. El profesional está citado como testigo.

José Ramón Tiller fue el segundo gerente en tomar la palabra. Una vez más, como casi norma en esta vista, sólo para responder a las preguntas de su letrado. Coincidió, en líneas generales, con la necesidad de reorganización de la empresa tras el ciclón de Marcos Benavent. «Esto venía del propio acuerdo de Gobierno, de dividir la empresa en áreas. Luego intentamos adaptar eso a la propuesta». En el momento de las contrataciones de los siete directivos, según Tiller, «disponía de tres informes favorables». Al parecer, nadie les avisó de que esos nombramientos debían pasar por el consejo de administración. «No hubiera habido ningún problema. Nunca hubo voluntad de ocultar».

El gerente se ha enterado estos días, durante el juicio, de que tras su marcha existía un consejo de dirección. La tesis de que no existía una orden de que los directivos fueran afines a los partidos que gobernaban la Diputación casa mal con los datos. De hecho, todos los profesionales contratados tenían vínculos muy potentes con los socialistas o las nacionalistas. Puede que fuera una cuestión de azar.

José Luis Melero, uno de los directivos beneficiados, defendió su «profesionalidad» y «honradez». Se enteró del puesto en Divalterra a través de la prensa y presentó su curriculum. Le llamaron y tras un proceso de selección, le escogieron. Trabajaba de 8 a 15 horas y ganaba 2.400 euros al mes. «El contrato favorecía más a la empresa que al trabajador, ya que dependía de la gerencia y me podían cesar en cualquier momento», señaló. Era concejal de Compromís.

María Soledad Torija también se enteró de la oferta en Divalterra y allí acudió. «En ese momento no era miembro de ningún partido político. Ahora tampoco», dijo. Hasta 2018 ignora los problemas que existen acerca de su contrato. Todos los acusados han tratado de hacer ver que ejercían como directivos, con atribuciones y responsabilidad concreta.

Otro de los acusados con contrato de alta dirección, Raúl Ibáñez, recordó cómo mandó su currículum y le citaron «para una entrevista que hizo con Agustina Brines» a la que no conocía de nada. Al parecer, le explicaron las condiciones, preguntó si estaba todo correcto y no apreció mayores inconvenientes. « Me lo creí y lo firmé».

Este jueves está previsto que finalicen las declaraciones de todos los acusados. La semana ha sido plácida para los procesados, protegidos de los interrogatorios de los acusados. La situación puede comenzar a variar con los testigos.

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