![Caso Alquería | El letrado del consejo de Divalterra avaló la contratación de directivos sin conocer los informes en contra](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202209/27/media/cortadas/Gallego-RoZjAbL3DHXwyKrKF0vKhrM-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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Ricard Gallego era el jefe de gabinete de Jorge Rodríguez, su mano derecha en el desembarco en la Diputación de Valencia. Y lo sigue siendo ahora que el exdirigente del PSPV se mantiene en la alcaldía de Ontinyent. Gallego ha optado por la ... misma estrategia que su jefe, tal y como era previsible: contestar sólo a su defensa. Evita, de esta forma, todas las cuestiones de las acusaciones: Anticorrupción, Acción Cívica y el PP.
Gallego es periodista. En la misma línea que su superior, ha negado tener formación acerca de la contratación de personal en las administraciones públicas. El procesado ha relatado sus principales ocupaciones en el organigrama de Rodríguez: protocolo y comunicación. «No tenía cargo en Divalterra». El declarante ha explicado que no tenía obligación de acudir a los consejos de administración, aunque en algunas ocasiones lo hacía. «No participé en las decisiones del consejo».
Ha negado insultos y amenazas al auditor interno de la empresa pública. «No sé quién es». Además, como las sesiones eran a «puerta abierta» cualquiera lo podía haber escuchado. «No fui puesto al día de las contrataciones». El consejo de dirección de Divalterra se creó en 2017 era algo que ya existía en la Diputación «para antes de llevar los asuntos al consejo de administración».
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La mano derecha de Rodríguez ha negado que se constituyera un consejo político en Divalterra. «Esto era en la Diputación». Era como una especie de reunión entre diputados y asesores previa al consejo de dirección. En 2018, al parecer, se entera de que existen informes contrarios a la contratación de los directivos en la empresa pública, heredera de la antigua Imelsa.
No les preocuparon las primeras informaciones periodísticas acerca de esta cuestión «porque confiábamos en los profesionales que estaban al frente». Pero sí tenían interés en apaciguar esas informaciones negativas que estaban surgiendo, ese «circo mediático».
Jorge Cuerda ha sido el tercero de los acusados en tomar la palabra. El letrado asesor del consejo de administración. «Todos los acuerdos del consejo no debían tener ninguna tacha de ilegalidad», ha dicho acerca de su trabajo. Cuerda llegó en diciembre de 2016. Le nombran secretario del consejo un año después. «No conocía absolutamente a nadie del equipo de gobierno. Es falso que yo estuviera en el PSOE».
Al principio, ante la falta de gerente de la entidad, se incrementó notablemente ese trabajo de control porque todo pasaba por el consejo de administración. «Soy funcionario de la Diputación de Valencia. No tengo despacho en Divalterra». Cuerda estuvo cerca de ocho meses en Madrid por asuntos de formación para promoción interna.
El secretario no tiene voz ni voto en el consejo. «No podía establecer el orden del día ni convocarlo». Cuerda conocía la existencia de un consejo de dirección, ha admitido. Ha negado que este órgano usurpara las labores del consejo de administración. «Allí no se podía acordar nada porque eran asesores políticos. Eso sólo lo puede decir alguien que no tiene ni idea de derecho administrativo.
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Cuerda ha sido preguntado acerca de una supuesta hoja de ruta. En enero de 2018, se trata de resolver los conflictos acerca de la alta dirección. Le piden opinión al respecto. «Me remiten un correo con unos informes y doy mi dictamen 'a excepción de otra opinión mejor'», según ha leído su respuesta en la vista. Al final, según Cuerda, no se hizo nada de lo que planteó en ese momento.
La estructura de los diez directivos estaba presente desde 2015. «Cuando yo debo asesorar sobre eso no veo ningún inconveniente», ha subrayado. Los informes jurídicos iban al departamento de José Luis Pellicer, responsable del servicio jurídico y secretario del consejo. «No dijo absolutamente nada».
Cuerda ha querido subrayar que una vez él llega a la empresa informa de que los poderes que tienen los nuevos directivos no responden a los de alta dirección. El presidente fue el que le pidió un informe de las contrataciones. En primer caso, si se pueden contratar salvo lo de que existe «otra opinión mejor». Y en el otro aspecto si serían de alta dirección. Su respuesta en este sentido es negativa. Para realizar su informe no le facilitaron el otro dossier de Tomarial, que informaba en contra de las incorporaciones, según ha declarado. «Luego me entero de que habían al menos otros ocho informes».
Hubo una reunión. «Yo no daba crédito» Cuerda ha adelantado, no obstante, que si hubiera conocido el informe no hubiera variado el dictamen que él presentó. Aquel informe hablaba de una «propuesta irreal porque eso nunca se barajó por nadie».
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